La Justicia suspendió las elecciones de la UTA y fijó una nueva fecha para diciembre

La Justicia resolvió suspender este miércoles las elecciones de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que estaban previstas para el 7 y 8 de octubre, luego de detectar irregularidades y anomalías en el proceso electoral. La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó retrotraer el trámite hasta la etapa de presentación de listas y avales, fijó una nueva fecha de votación en el gremio de los colectiveros para el 17 y 18 de diciembre y designó un veedor judicial para supervisar las distintas etapas del proceso.

La resolución fue dictada este miércoles por los jueces Enrique Catani y Gabriela Alejandra Vázquez, integrantes de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. El tribunal consideró que los comicios no podían realizarse válidamente en las condiciones actuales debido a los problemas detectados en el padrón electoral, la distribución de las mesas y la oficialización de las listas.

En ese marco, la Cámara ordenó “retrotraer el proceso electoral” de la UTA a la etapa de “presentación de listas y avales”. También mantuvo la integración de la Junta Electoral Central y de las juntas electorales locales, aunque dispuso que el proceso quede bajo fiscalización permanente de un veedor judicial.

El designado para esa tarea es el abogado Matías Cremonte, quien tendrá facultades para asistir a las reuniones de la Junta Electoral, acceder a registros, bases de datos y documentación, obtener copias y controlar el desarrollo de las distintas etapas del proceso.

La causa se inició a partir de una presentación contra la UTA y su Junta Electoral realizada por la Lista Negra, encabezada por Maximiliano Escriba, actual secretario general de la seccional Mar del Plata, con el patrocinio del abogado Leandro Recalde.

Según los jueces, el tribunal había intentado inicialmente que las irregularidades fueran corregidas por la propia Junta Electoral. Sin embargo, consideró que los problemas persistieron y, en algunos casos, se agravaron.

“La consecuencia de lo expuesto resulta tan delicada como ineludible”, sostuvo la resolución, antes de concluir que, en esas condiciones, “el acto eleccionario no podría celebrarse válidamente” en las fechas originalmente previstas.

Uno de los principales puntos observados por la Cámara fue el padrón electoral. El tribunal detectó 2.870 exclusiones procesadas entre junio y agosto bajo la causal genérica “Cese Laboral (despido, renuncia, etc.)”, sin que se consignara la fecha de finalización de la relación laboral.

Ese dato resulta relevante porque la normativa electoral del sindicato contempla la conservación durante seis meses de la afiliación y del derecho a votar de los trabajadores desvinculados.

Además, durante la revisión de las reclamaciones, la Cámara detectó más de 500 altas individualizadas solicitadas por la Lista Celeste y Blanca y más de 1.000 exclusiones adicionales. Según el fallo, en esos casos no se había presentado la documentación necesaria ni se había realizado la audiencia previa prevista para las tachas.

Para el nuevo proceso, la Justicia estableció que las altas deberán contar con respaldo documental y que las bajas deberán indicar la causa y la fecha de extinción del vínculo laboral. Además, ninguna tacha podrá resolverse sin una audiencia previa con el afiliado involucrado.

La Cámara también cuestionó la distribución de los 61.664 electores en 494 mesas. El tribunal detectó que 11 mesas superaban los 600 votantes y que algunas tenían más de 1.000 electores. En el extremo opuesto, cuatro mesas contaban con un solo votante y otras 11 no superaban los cuatro.

 

 

Para la nueva elección, se estableció un máximo de 600 electores por mesa y se ordenó agrupar a los afiliados pertenecientes a establecimientos con pocos votantes, con el objetivo de evitar situaciones que puedan afectar el secreto del sufragio.

También fueron observadas mesas que habían sido ubicadas fuera de los lugares previstos y una resolución de la Junta Electoral que consignaba por error que las elecciones se realizarían el “7 y 8 de diciembre”, en lugar de octubre.

Otro de los cuestionamientos estuvo relacionado con las boletas. La Cámara señaló que habían sido confeccionadas y enviadas a imprenta sin la conformidad previa de las agrupaciones. Para el nuevo proceso, los modelos deberán ser aprobados por los apoderados con al menos 48 horas de anticipación a la impresión y las boletas deberán estar en poder de la Junta Electoral diez días antes de los comicios.

La decisión judicial también impacta sobre las listas opositoras. La Lista Negra permanecía excluida de la competencia en seis seccionales: San Luis, Entre Ríos, Neuquén, Santiago del Estero, La Plata y Chaco.

Al retrotraer el proceso hasta la etapa de presentación de listas y avales, la Cámara permitirá que esas situaciones vuelvan a ser analizadas bajo las nuevas pautas fijadas en la resolución. También se habilitará la incorporación de nuevas candidatas para cumplir con los requisitos de representación femenina.

El nuevo cronograma establece que la oficialización definitiva de las listas deberá completarse antes del 30 de octubre. La definición de las mesas deberá quedar establecida el 1° de diciembre, mientras que el escrutinio definitivo y la proclamación de las autoridades tendrán que concluir antes del 29 de diciembre.

Además, la resolución contempla la utilización de una urna complementaria para votos observados correspondientes a afiliados pasivos, afiliados incorporados después del 24 de abril cuya antigüedad se encuentre discutida y personas que figuren como fallecidas hasta tanto se pueda verificar su situación.

La suspensión de los comicios se produce en un escenario de fuerte disputa interna en el principal sindicato de los trabajadores del transporte automotor de pasajeros.

El oficialismo, representado por la Lista Celeste y Blanca, impulsa la continuidad de Roberto Fernández al frente del gremio. En la competencia también se habían presentado otros sectores, entre ellos la Lista Marrón, vinculada al exoficialista Alberto Patiño, y la Lista Bordó, encabezada por Claudio Gómez.

La Lista Negra, por su parte, representa una continuidad de la oposición a Fernández que tuvo entre sus principales referentes al dirigente Miguel Bustinduy.

Con la decisión de la Cámara, el proceso electoral deberá comenzar nuevamente desde la presentación de listas y avales. La nueva fecha de votación quedó establecida para el 17 y 18 de diciembre, con la intervención de un veedor judicial encargado de controlar el cumplimiento de las reglas fijadas por la Justicia.