JUEVES, 22 DE OCT.

Discapacidad: cuáles son los principales puntos del proyecto que consiguió media sanción en Diputados

El dictamen surgió luego de arduas negociaciones entre oficialistas, opositores y representantes organizaciones del colectivo de discapacidad. Funcionaría en la práctica como una enmienda al capítulo VI del proyecto de Presupuesto 2027 que el Gobierno de Javier Milei mandó al Congreso, donde se incluían nuevos recortes a estas políticas.

 

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles con una amplia mayoría el proyecto que, en caso de obtener sanción definitiva en el Senado, reemplazará a la Emergencia en Discapacidad y doblegará el intento del Poder Ejecutivo de aplicar un nuevo ajuste sobre el sector.

El dictamen surgió luego de arduas negociaciones entre oficialistas, opositores y representantes organizaciones del colectivo de discapacidad. Funcionaría en la práctica como una enmienda al capítulo VI del proyecto de Presupuesto 2027 que el Gobierno de Javier Milei mandó al Congreso, donde se incluían nuevos recortes a estas políticas.

El texto consiguió un respaldó de 237 votos a favor, mientras que hubo 9 legisladores que votaron en contra y otros 4 que decidieron abstenerse.

Los puntos más importantes

Uno de los ejes de mayor peso aparece en el artículo 7° del proyecto que ahora pasó con media sanción al Senado. En primer lugar, porque se centra en la asignación presupuestaria y sostiene que “en caso de que el gasto demandado” para el cumplimiento de estas políticas “exceda el crédito disponible en los programas mencionados” -en referencia a una serie de programas que se citan como fuente de financiamiento- “se atenderá el exceso mediante una compesación presupuestaria” a través de créditos a cargo del tesoro.

“Las leyes de presupuesto deberán garantizar un crédito presupuestario suficiente que asegure la sostenibilidad real y permanente del sistema. El ingreso por beneficiario no podrá ser inferior en términos reales al contemplado en el ejercicio inmediato anterior”, afirma el tercer párrafo de ese punto del articulado.

Y añade: “Sin perjuicio de ello, el Poder Ejecutivo Nacional a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros realizará las asignaciones y readecuaciones presupuestarias que resulten necesarias en cada ejercicio para garantizar la continuidad inmediata de todas las prestaciones y beneficios en esta ley contemplados”.

Toda esta parte del proyecto es la que despertó algunos temores de veto presidencial, ya que Milei quedaría signado a cubrir los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento de estas políticas.

Fragmento del proyecto aprobado en Diputados.

Asimismo, el artículo 9° ratifica que el beneficio de la pensión prevista para las personas con discapacidad que posean CUD es compatible con un vínculo laboral formal y/o encontrarse inscriptos en el régimen general y/o simplificado vigente.

En ese marco, indica que “se mantendrá el cobro de la Pensión no Contributiva por Discapacidad en aquellos supeustos en que, como producto del vínculo laboral y/o inscripción en el régimen general y/o simplificado vigente, los ingresos del beneficiario no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles”. A la par, quedó establecido en el texto que “en caso de que sus ingresos superen dicho monto, operará la suspensión automática de la pensión, por el plazo que dure” la actividad laboral.

No obstante, cuando finalice el vínculo laboral, independientemente de su causa, o sus ingresos resulten inferiores al monto previsto en el artículo 9, el titular del derecho podrá solicitar la rehabilitación inmediata de la pensión, teniendo derecho a percibirla desde la fecha en que formule la petición.

Fragmento del proyecto aprobado en Diputados.

Fragmento del proyecto aprobado en Diputados.

Pago a los prestadores

El proyecto además fija que, si al momento de la aprobación definitiva en el Congreso no se completaron los pagos previstos en la Ley de Emergencia en Discapacidad, el Gobierno está obligado a presentar un cronograma de compensaciones a los prestadores en 30 días y completar los pagos en un máximo de 90, además de obligar a garantizar las prestaciones médicas básicas.

Fragmento del proyecto aprobado en Diputados.

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