Identificaron a ocho nuevas víctimas de la dictadura en La Perla: quiénes eran y cuáles son sus historias

Los Tribunales Federales de Córdoba confirmaron este viernes la identificación de ocho nuevas víctimas de la última dictadura militar, que representa un avance significativo en la búsqueda de verdad y justicia. El anuncio fue encabezado por el juez federal N.º 3, Miguel Hugo Vaca Narvaja, junto a familiares de las personas desaparecidas. Los restos fueron hallados en la zona de Loma del Torito dentro de la Guarnición Militar de La Calera, en las inmediaciones del centro clandestino de detención La Perla.

Las nuevas identificaciones permitieron reconstruir parte de las historias de vida de personas que fueron secuestradas durante el terrorismo de Estado y permanecieron desaparecidas durante cinco décadas.

 

Néstor Albino Acosta: tenía 21 años, trabajaba en el ferrocarril de la línea Mitre y estudiaba Arquitectura en la Universidad Nacional de Córdoba. Fue secuestrado el 16 de junio de 1976 en su casa del barrio Talleres Sud.

Pascual Delfín Ludueña: tenía 29 años y trabajaba en Fiat Concord, donde se desempeñaba como delegado sindical. Fue secuestrado el 24 de marzo de 1976.

Claudio Norberto Nardini: tenía 34 años, trabajaba en Sancor y desarrollaba actividad gremial. Fue secuestrado el 23 de abril de 1976 en su vivienda, ubicada en el camino a Monte Cristo. Según testimonios de sobrevivientes, habría muerto durante las torturas.

Cecilia Alicia Pessina Libro de Ávila: nacida en Río Tercero, era psicóloga, profesora de piano y perito mercantil. Su esposo, Benjamín Ávila, fue asesinado el 13 de agosto de 1976. Ella fue secuestrada al día siguiente, frente a su hija. Militaba en la Organización Comunista Poder Obrero.

Mónica Protti de Guillén: era oriunda de Río Cuarto, maestra normal y estudiante de Medicina en la UNC. Militaba en el Partido Comunista y fue secuestrada el 21 de septiembre de 1976 junto a su compañero, Enrique Daniel Guillén, en el barrio Villa Belgrano.

Mercedes del Valle Ramírez: tenía 21 años, cursaba cuarto año de la escuela secundaria y trabajaba en un comercio de venta de lanas. Fue secuestrada de su casa el 3 de julio de 1976.

Los trabajos arqueológicos y los análisis genéticos permitieron identificar restos humanos recuperados en Loma del Torito, un sector vinculado al predio militar donde funcionó La Perla, uno de los principales centros clandestinos de detención de la última dictadura.

El proceso comenzó formalmente en marzo de 2025, cuando el Equipo Argentino de Antropología Forense logró identificar a 12 personas. En mayo se anunciaron otras 17 identificaciones y, en agosto, se confirmó la identidad de Alejandro Ernesto Jerez Bodereau, secuestrado en 1976 cuando tenía 22 años.

Con los ocho casos anunciados ahora, el total asciende a 38 personas identificadas a partir de los trabajos realizados en el lugar, los hallazgos también revelaron actividad represiva anterior al golpe y uno de los datos relevantes surgidos de los peritajes es que la actividad represiva en el predio habría comenzado antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

Durante la presentación, el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja señaló que entre las personas identificadas hay víctimas que ya estaban desaparecidas en 1975, antes de la formalización del golpe militar. El dato amplía el alcance temporal de la investigación y aporta nuevos elementos para reconstruir el funcionamiento del aparato represivo en Córdoba.

Las tareas arqueológicas continúan en el sector delimitado de Loma del Torito, donde fueron recuperados restos óseos humanos dispersos y desarticulados. El material fue sometido a estudios antropológicos y cotejos genéticos para establecer las identidades.

Ante la continuidad de los trabajos, los organismos de Derechos Humanos y el EAAF reiteraron el llamado a familiares de personas desaparecidas para que aporten muestras genéticas que permitan avanzar en nuevas identificaciones.

La restitución de estas ocho identidades no solo aporta respuestas a las familias que esperaron durante décadas, sino que constituye un avance fundamental para la memoria colectiva y la investigación judicial de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.