Transportistas de discapacidad cruzaron al Gobierno por comparar el aumento de pensiones por invalidez con países en guerra

El Foro Permanente de Discapacidad salió al cruce del Gobierno nacional luego de que el vocero presidencial, Adrián Ravier, comparara el aumento de las pensiones no contributivas por invalidez con los registros de países que atravesaron o atraviesan conflictos bélicos. La declaración generó fuertes críticas en el sector. Pablo Bolego, presidente de FATRADIS, expresó su rechazo a los dichos oficiales y reclamó que cesen los discursos que, según sostuvo, estigmatizan y perjudican al colectivo de personas con discapacidad.

La respuesta del sector surgió a partir de las declaraciones del vocero presidencial, Adrián Ravier, quien sostuvo que «el padrón de pensiones no contributivas por invalidez laboral en los últimos 20 años tuvo un crecimiento exponencial: entre 2001 y 2023 pasó de 75.947 a 1.221.970 beneficiarios». Además, afirmó que «este número es similar a países que tuvieron o tienen guerras».

Frente a estas expresiones, Pablo Bolego exigió el cese inmediato de lo que definió como una estigmatización constante y un ataque permanente contra el colectivo de personas con discapacidad, en el marco de las recientes medidas oficiales sobre el sistema de pensiones no contributivas.

Al referirse a la estrategia comunicacional del Poder Ejecutivo, Bolego cuestionó la continuidad de la línea discursiva del equipo presidencial, incluso después del cambio de voceros. Según señaló el titular de Fatradis, las declaraciones realizadas inicialmente por Manuel Adorni, cuando aludió a la difusión de la radiografía de un perro y continuadas posteriormente por Ravier sostienen un relato que, a su entender, minimiza la problemática al plantear que en la Argentina no hubo una guerra que justifique la cantidad de pensiones otorgadas. Para el dirigente, esto demuestra que la política de estigmatización hacia el sector se mantiene inalterable.

Por otra parte, desde la entidad que representa a los transportistas de personas con discapacidad calificaron el escenario actual como verdaderamente preocupante y advirtieron que las medidas oficiales reflejan un profundo desconocimiento de la realidad del colectivo por parte de las autoridades nacionales.

En ese sentido, cuestionaron la suspensión de 21.000 pensiones por discapacidad dispuesta por el Gobierno nacional, una medida que, según denunciaron, se implementó sin precisar los criterios utilizados ni detallar el procedimiento administrativo aplicado para efectuar las bajas.

Uno de los cuestionamientos más severos planteados por el titular de FATRADIS estuvo relacionado con la publicación de una nómina de beneficiarios en el Boletín Oficial, en la que se difundieron nombres, apellidos y números de documento.

Al respecto, Bolego sostuvo que esa práctica constituye una presunta violación de la Ley de Protección de Datos Personales. Asimismo, cuestionó la intención del Gobierno de volver a utilizar el concepto de «invalidez laboral» como parámetro para evaluar el acceso a las prestaciones, al considerar que desconoce que, durante las últimas dos décadas, el Estado argentino otorgó estas asignaciones a personas con discapacidad que también atraviesan situaciones de vulnerabilidad social y pobreza.

Finalmente, el dirigente rosarino advirtió que la quita de este beneficio tiene consecuencias directas sobre la vida cotidiana de las personas con discapacidad, especialmente en el acceso a medicamentos y prestaciones esenciales para afrontar las distintas barreras que encuentran a diario.

Además, recordó que anteriormente existía un cupo rígido de 80.000 pensiones, por el cual era necesario esperar el fallecimiento de un titular para que otra persona pudiera acceder al beneficio.

A partir de este escenario, Bolego reclamó al Gobierno que ponga fin a las auditorías que considera irregulares, vinculadas con la gestión de Diego Spagnuolo al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y que detenga tanto los cuestionamientos discursivos como las medidas administrativas que, según denunció, afectan al colectivo de personas con discapacidad.