Enviado especial a Buenos Aires – Senadores de todos los bloques acordaron este martes avanzar en las próximas semanas con un proyecto de ley unificado sobre extinción de dominio para aprobarlo con dos tercios y evitar que la Cámara de Diputados lo modifique.

El acuerdo se alcanzó durante la reunión de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad Interior, en donde había varios proyectos de ley que buscan regular el sistema que le permitiría al Estado recuperar bienes provenientes del delito de corrupción y narcotráfico.

Los senadores de todos los bloques acordaron postergar hasta el 7 de agosto la firma del dictamen con el fin de llegar a un proyecto de ley final que pueda ser aprobado en el recinto por una mayoría de dos tercios, la cual impediría que la Cámara de Diputados insista en su iniciativa original.

En este sentido, el Frente para la Victoria (FPV) presentó un proyecto que agrega a la iniciativa del PJ – Federal los «delitos vinculados con cuestiones económicas y financieras», así como con el manejo de cuentas off shore y abarca a «los corruptores».

 

Según explicó Sacnun a Conclusión, el proyecto coloca la responsabilidad de la extinción de dominio en manos del Ministerio Público Fiscal y no del procurador del Tesoro, como propone la iniciativa del justicialismo.

«Entendemos que podemos mejorarlo y que es necesario ir más allá e incorporar delitos del orden económico y financiero. Entendemos que se puede ampliar el proyecto. Y que el mismo no debe estar en la Procuración del Tesoro que depende del Poder Ejecutivo, sino que debe ser el Ministerio Público Fiscal quien lo lleve adelante para evitar cualquier tipo de suspicacias», agregó la senadora santafesina.

“Es importante desfinanciar a las organizaciones delictivas, y hay que hacerlo seriamente. Por eso ampliamos los delitos alcanzados por la ley e incluimos no sólo a corruptos sino también a los corruptores. Es decir, no sólo al que cobra la coima, sino también al que la paga”, explicó la congresista.

La senadora santafecina, subrayó además que el “el proyecto permite que cuando el resultante del delito esté en el exterior o en una sociedad off shore, se podrá recuperar el equivalente con bienes radicados en el país. Lucha contra la corrupción en serio”, concluyeron.

«Creemos posible lograr un consenso para insistir no solo con los funcionarios corruptos, sino también con los corruptores, aquellos empresarios que son los que generan coimas a los funcionarios», amplió.