La medida busca apuntalar la recaudación profundizando los "controles sobre los sectores de mayor capacidad contributiva", para "reducir los impactos negativos sobre los sectores más vulnerables de la población".
Cabe recordar que el martes, cuando el billete informal alcanzaba un máximo histórico, el ministro de Economía, Sergio Massa, advirtió que se presentaría ante la Justicia Penal Económica para denunciar presuntas maniobras ilegales, para lo cual convocaría además a la Unidad de Información Financiera y a la CNV.
La medida contará con un aporte de hasta $6.500 por hectárea de soja y $20.000 por hectárea de maíz declaradas; y el programa podrá destinar hasta $15.000 millones a los beneficios establecidos, sujeta a disponibilidad presupuestaria del Servicio Administrativo Financiero.
La exención ya había sido incorporada en diciembre de 2018, pero la AFIP no la había reglamentado ni ejecutado. La autoridad sanitaria nacional será la encargada de definir qué zonas son consideradas "desfavorables".
La medida servirá para que los empleadores cumplan con distintas obligaciones en un único trámite virtual, pero también será útil para recolectar información que podrá usarse al momento de diseñar estrategias que combatan el trabajo no registrado.
Este incremento fue motorizado por el Programa de Incremento Exportador y la entrada en vigencia de las alícuotas progresivas del Impuesto a las Ganancias.
La exposición -que incluyó varios gráficos con datos comparativos- surgió como respuesta a un artículo que el expresidente Mauricio Macri publicó en los últimos días en el diario Clarín.
La extensión del beneficio ofrece un impulso adicional a los consumos que realizan todos los meses más de dos millones de personas.
El organismo explicó que para determinar si corresponde cambiar de categoría, los contribuyentes deben controlar los ingresos brutos de los últimos 12 meses para cotejarlos con los nuevos valores de las categorías que se encuentran disponibles en www.monotributo.afip.gob.ar.
Los procedimientos de control realizados a partir de distintas fuentes de información provistas por el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores, permitieron determinar la caducidad del beneficio para unos 2.000 empleadores.
El beneficio alcanzará en forma automática a todas las cuentas corrientes bajo la titularidad de pequeños contribuyentes que dejarán de pagar la alícuota especial de 0,25%.
La Administración Federal tiene establecido un régimen de reintegros de una proporción de las operaciones que las personas abonen por las compras de bienes muebles realizadas en determinados comercios minoristas y/o mayoristas mediante la utilización de tarjetas de débito, asociadas a cuentas vinculadas a los beneficios de jubilación, pensión y/o asignación.