miércoles, 21 de agosto de 2019
Gran parte de los trabajadores argentinos definieron sus aumentos salariales para el período 2019-2020, que incluyen cláusulas de revisión para contrarrestar los efectos de la inflación.
El acuerdo afecta a la rama refinería y depósitos de combustibles, e incluye una suma fija de 28.000 pesos, más dos cláusulas de revisión.
El aumento salarial rige para todos los contratos básicos de todas las categorías profesionales del fútbol argentino, tanto femeninas como masculinas.
El Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme), que conducía el detenido gremialista Marcelo Balcedo, reveló hoy que firmó en las últimas horas un acuerdo paritario que significará para los trabajadores un incremento salarial del orden del 70 por ciento.
Desde el sindicato sostuvieron que el reclamo salarial es acorde a la inflación que sufrió la economía argentina.
El porcentaje se compone de un 10% para recuperar lo perdido el 2018, más un 17 por ciento pagadero en tramos.
El dirigente judicial Julio Piumato, rechazó la instancia de "un posible desdoblamiento del 15% de mejora salarial en dos tramos" y advirtió que si ello ocurre habrá "otra huelga nacional de 24 horas este jueves 23".
Tras la versión sobre un posible aumento salarial de un 30% para el gremio de Comercio, desde la Secretaría de Trabajo y la Came desmintieron que se haya firmado un acuerdo.
En junio, se abrirán negociaciones salariales fuertes, una de ellas la de Camioneros, que todavía no hizo publico su pedido. Por lo pronto, algunos gremios vienen cerrando acuerdos a corto plazo, para ser revisados en medio de un escenario altamente inflacionario.
Se trata de la diferencia retroactiva de los meses de marzo y abril de 2019, al aplicarse el incremento que surge de la negociación paritaria, para activos y pasivos.
La medida de fuerza es para este miércoles y jueves en reclamo a una suba salarial del 35% con cláusula gatillo. Habrá asambleas y clases públicas en todo el país.
El Frente Gremial Docente también expresó su “rechazo categórico” a la declaración de “emergencia educativa” dispuesta por el gobierno provincial y pidió su “derogación por ser violatoria de los derechos constitucionales" de los docentes y de los demás integrantes de la comunidad educativa.