Desde dicha Asociación hicieron público que no están vendiendo bonos en este momento. El llamado está destinado a poner en aviso a la sociedad ante posibles engaños.
Desde que se aplica la nueva ley de movilidad, las jubilaciones sólo le ganaron a la inflación en el 2021 (con un alza del 52,67% contra una suba de precios del 50,79%). En el 2022, la diferencia fue de casi 22 puntos en deterioro de los ingresos previsionales, mientras que el 2023 parece ir por el mismo rumbo.
Para el economista el ministro Massa tiene una gran cantidad de herramientas pero esta condicionado por los tiempos de aplicación de las medidas y el resultado esperado.
La decisión judicial determina que una serie de fondos deberán recibir una compensación de cerca de 1.330 millones de euros (US$ 1.500 millones) por haber registrado pérdidas vinculadas con el un cambio en el método de calcular el Producto Bruto Interno (PBI), con el cual estos bonos estaban atados.
La economista Fernanda Vallejos, puso negro sobre blanco y cruzó a los miembros de Juntos por el Cambio que habían criticado la medida impulsada por el Ministerio de Economía.
El titular del Palacio de Hacienda le ordenó a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires "un dictamen para aquellos que todavía tengan dudas respecto a si es beneficioso o perjudicial para la Anses".
Los economistas coincidieron en que "la medida es beneficiosa para el FGS, contribuye a reducir la deuda intra sector público y le permite al Gobierno Nacional intervenir en el mercado cambiario de una forma que no está prohibida por el acuerdo con el FMI"
El decreto dispone un canje de US$ 4.000 millones en bonos que se encuentran en poder de organismos del sector público nacional.
De esta manera, el gobierno apunta a darle mayores instrumentos al Tesoro y al Banco Central para actuar en el mercado de cambios financiero y así evitar saltos en la brecha cambiaria.
Economistas y especialistas financieros consideraron que la operación contaría con un piso de adhesión de entre 60% y 80% sobre el total de los vencimientos involucrados, estimados en 7,3 billones de pesos.
El Ministerio de Economía aclaró que “el Presupuesto 2023 no previó partidas presupuestarias para sufragar el gasto derivado de la medida cautelar” de la Corte Suprema, que aumentó el porcentaje de coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires.
Lo hizo por medio de la decisión administrativa 1282/2022 de la Jefatura de Gabinete, publicada en el Boletín Oficial, un día después del anuncio que realizó en Twitter.