La combinación de una caída estrepitosa del poder adquisitivo y el aumento desmedido en las tarifas de los servicios públicos dejó a los hogares argentinos sin margen de maniobra, y las empujó a sacrificar el cumplimiento de sus obligaciones financieras para sostener consumos básicos.
En lo que va de la actual gestión, la transferencia fue de $57 billones de bolsillo como consecuencia de la caída del costo salarial, según determinó un reciente informe del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE). Todo esto en el contexto de una economía que lleva medio año estancada, con el acumulado de más de 290.000 puestos de trabajo formales destruidos desde diciembre de 2023.
