La denuncia fue radicada por la madre de los cuatro menores, quien dijo haber recibido un audio en el que su expareja habría manifestado intenciones de entregar a dos de sus hijos.
Una vez se planteó adjudicar el Poder Ejecutivo a la Corte Suprema de la Nación. Fue en 1945.
El empresario denunció una supuesta extorsión por parte del fiscal de la causa, Gabriel Pérez Barberá, quien le habría pedido 1.800.000 dólares a cambio de cerrar la investigación.
La decisión afecta a los ex consejeros Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig, quienes a finales de octubre de 2017 se fueron junto con el ex presidente catalán Carles Puigdemont a Bruselas.
