Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Florentín, investigados por abuso sexual, no podrán abandonar Argentina por un plazo de 90 días, mientras transcurra la causa.
El integrante del máximo tribunal además analizó la situación de Rosario y consideró desatinado "atacar una sola ciudad cuando en realidad el problema es nacional".
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció una serie de medidas que se llevarán adelante: algunas de ellas son el traslado de presos de alto perfil a cárceles federales y la presentación un proyecto de ley para unificar penas a integrantes de bandas criminales.
En un fallo de segunda instancia, la Justicia permitió que Vicentin salde la deuda que tiene con cooperativas y productores, entre otros afectados, en un plazo de doce años.
Tras el fallo que respaldó el reclamo de Chubut y ordenó que Nación le entregue los fondos de coparticipación retenidos por una deuda, el Gobierno de Milei estaría analizando presentar un “per saltum”, es decir, un recurso mediante el cual se saltan todas las instancias judiciales de apelación para que sea directamente la Corte Suprema de Justicia quien defina la disputa.
Los trabajadores de las ciudades de Rosario y Santa Fe asisten a sus puestos laborales pero no atienden al público, en rechazo al despido de 55 empleados que estaban en planta permanente. Ahora, presentaron una cautelar en la Justicia.
El Gobierno nacional eliminó el envío de distintos fondos a la provincia de Buenos Aires, por lo que el gobernador Kicillof acudirá a la Justicia: “Se roban los recursos de las provincias”, dijo.
La acción de amparo colectivo presentada por agrupaciones de inquilinos contra el Estado Nacional, buscaba la declaración de inconstitucionalidad y nulidad del DNU.
Valentín Di Monte fue atropellado por un móvil policial el pasado 11 de febrero en la esquina de Pellegrini y Francia. Sus seres queridos exigieron que avance la causa.
El evento será el sábado 2 de marzo, a las 20, en el Complejo Cultural Atlas (Mitre 645), con entrada libre y gratuita. En esa fecha se cumplirán 27 años del trágico hecho.
El avance sobre los derechos del pueblo se reflejó en los dos mamotretos presentados por el actual gobierno: el DNU 70/23 y el proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que perjudican a los trabajadores, a los jubilados y pensionados, a los inquilinos, a los consumidores, al patrimonio nacional y a nuestra soberanía, pero benefician al gran capital, tanto local como extranjero.
Sin Ley Ómnibus ni intención de rediscutirla en el Congreso y con el Mega DNU todavía recibiendo fallos contrarios en la Justicia, el presidente argentino empezó una venganza contra los gobernadores.