Para acelerar el tratamiento de la Ley de Bases en el Congreso, el gobierno de Javier Milei decidió quitar del proyecto el capítulo que incluía reformas fiscales, al considerar que era el que más resistencia presentaba dentro de la oposición. Sin embargo, el vocero presidencial confirmó que este cambio provocará un ajuste en las partidas que Nación destina a las provincias.
Tras una intensa semana que incluyó denuncias por falsificación de dictamen, cambios en el Gabiente y rechazo de los gobernadores, finalmente el Gobierno Nacional decidió quitar de la "Ley de Bases" el capítulo fiscal, entre los que encontraban las retenciones, con el objetivo de que la inciativa gane apoyos y pueda ser aprobada en la Cámara de Diputados.
La abogada Valeria Carreras presentó una denuncia penal en Comodoro Py y, amparándose en declaraciones que diputados nacionales hicieron en medios de comunicación, solicitó que la Justicia investigue al oficialismo por realizar una “reunión secreta” en Recoleta donde habría modificado puntos del dictamen de mayoría de la “Ley de Bases” que minutos antes había sido aprobado en el plenario de comisiones.
La Ley de Bases obtuvo dictamen de mayoría en comisiones de Diputados gracias a 21 votos de La Libertad Avanza y a 34 de la oposición dialoguista, representada por el PRO, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y parte de la UCR. Entre quienes apoyaron la propuesta de Milei hubo tres legisladores santafesinos: Nicolás Mayoraz, Luciano Laspina y Germana Figueroa Casas.
Algunos diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) expresaron que votarán en contra de la “Ley de Bases”, mientras que otros respaldarán la medida, aunque con disidencias en puntos que hacen a la actualización de jubilaciones y a las retenciones.
El dictamen del oficialismo cosechó, en el plenario de comisiones, 55 firmas, gracias a los apoyos brindados por parte de la UCR, el PRO y Hacemos Coalición Federal. Sin embargo, la oposición dialoguista expresó su disidencia en algunos puntos –como las retenciones y jubilaciones– que se terminarán de definir en el recinto.
Tras negociar con bloques opositores, el Gobierno hizo cambios en la Ley Ómnibus: a partir de abril las jubilaciones pasarían a actualizarse según la inflación, mientras que las retenciones seguirán en 0% para más de treinta economías regionales. No obstante, advierten que estas reformas son engañosas y que traerán nuevas disputas en Diputados.
Se establecieron porcentajes obligatorios en volumen para biodiesel y bioetanol de origen fósil, junto con ciertas pautas para la participación de las empresas que produzcan y/o destilen hidrocarburos.
La jurista Aída Kemelmajer expuso ante diputados la postura de unos cien profesionales universitarios sobre los cambios que el presidente Javier Milei planea aplicar en el Código Civil y Comercial y propuso que las reformas en la materia sean tratadas por la comisión de Legislación de la Cámara baja durante las sesiones ordinarias.