La directora de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, Mara Ruiz Malec, señaló que los operativos de estas características son “para que se sepa que no se puede tener a una trabajadora o trabajador sin registrar”.
La funcionaria de la AFIP, Mara Ruiz Malec, destacó que el organismo “está en la calle, para que se sepa que no se puede tener a un trabajador sin registrar”.
El maga operativo se llevó adelante este sábado en unas 24 ciudades de la provincia. “El Estado debe estar protegiendo a los trabajadores frente a estas apps que a pesar de ser millonarias les niegan los derechos más básicos”, aseguró la ministra de Trabajo del distrito, Mara Ruiz Malec.
Desde el Frente de Unidad Docente Bonaerense consideran que “están dadas las condiciones para la revisión y monitoreo en conjunto, tal como fue pactado en el acuerdo paritario, debido a la acelerada evolución de dicho indicador y en especial y de manera más marcada en la canasta de alimentos”.
La apertura de la mesa de negociación se realizó con una audiencia virtual en donde según los referentes gremiales “no hubo una oferta salarial concreta” y “fue muy productiva. Participaron la ministra de Trabajo y funcionarios de Hacienda, de Finanzas Públicas y de Justicia.
Al participar de una conferencia sobre las apps de delivery en la Argentina, organizada por el Grupo de Trabajo sobre Economías de Plataformas del Citra, la ministra de Trabajo bonaerense explicó la tarea que lleva a cabo el estado provincial.
El Tribunal del Trabajo N° 1 de la Provincia de Buenos Aires confirmó que existe relación de dependencia entre la empresa y sus repartidores. En junio de este año el Ministerio de Trabajo bonaerense impuso severas multas a las empresas de entregas a través de plataformas digitales, Pedidos Ya, Glovo y Rappi.
La ministra de Trabajo bonaerense celebró la decisión del Tribunal de Trabajo Nº 2 de La Plata que confirmó la sanción de más de 16 millones de pesos que la cartera a su cargo le aplicó a la empresa de reparto por incumplir leyes laborales.
La medida adoptada por el Tribunal de Trabajo N° 4 confirmó la sanción alcanza una cifra de más de 6 millones de pesos por las infracciones cometidas en 2020. El fallo alude a que “la incorporación del trabajador a una estructura empresaria ajena, implica la relación de dependencia”.