En ese sentido, la principal fuerza opositora indicó que el retiro del Estado de la planificación y financiamiento de obras deja «que la ampliación de la infraestructura energética, fundamental para el desarrollo de la economía nacional, dependa exclusivamente de la ecuación económica del inversor».
La operación estará a cargo de CAMMESA, que realizará una subasta en la que ofertará a los productores pagar entre 7 y 7,5 dólares por millón de BTU, 3 dólares más que el establecido en el Plan Gas.
En comparación interanual, la demanda residencial bajó 7,3%, mientras que la comercial descendió 4,8% y la industrial cayó un 7,1%, según puntualizó un relevamiento de la Fundación para el Desarrollo Eléctrico.
