El gremio manifestó que “preocupado también por esta coyuntura, el sector empresario ha coincidido en la postura” y señaló que llevarán adelante “medidas mancomunadas en ese sentido”.
El estado de excepción fue decretado inicialmente el pasado 8 de enero por 60 días, tras una serie de hechos de violencia extrema desatados por grupos de delincuencia organizada, que incluyeron motines carcelarios con la toma de rehenes.
La entidad gremial expuso su “decidido respaldo” a la lucha que el Estado “libra frente a las organizaciones criminales que destruyen la paz social, generan violencia, degradación social y dolor”.
Desde el gremio de docentes argentinos reclamaron por el Fondo de Incentivo Docente y por la inversión en educación. Recordaron que “el docente de gestión pública convive con una precarización permanente de condiciones de trabajo”.
Agentes del organismo federal realizó controles en 61 establecimientos del Área Metropolitana de Buenos Aires.
A raíz de las situaciones de violencia que se registran en el país, el Episcopado exhortó a "pacificar los corazones" mediante la oración y recordó que todo se puede lograr mediante el diálogo.
"Estamos en un tiempo extremadamente delicado. La paz social está frágil y amenazada, y somos responsables de asegurarla y cuidarla", dijo el prelado Jorge Eduardo Scheinig, al iniciar su homilía, que concelebra junto al obispo auxiliar de Buenos Aires y vicario episcopal para la Pastoral en Villas de Emergencia, Gustavo Carrara.
El presidente convocó a referentes sindicales, de derechos humanos, sociales y empresariales en respaldo de la ex mandataria tras sufrir el intento de asesinato. La reunión duró 40 minutos.
Los integrantes de la lista única celebran “la oportunidad histórica” de elegir autoridades y recuperar la cooperativa después de varias intervenciones judiciales “que la llevaron al borde de la quiebra”. Apuntan a que Herme Juárez es “uno de los culpables de todo lo que ha ocurrido”.
El encuentro surgió después de los acontecimientos que derivaron en la detención por parte de la policía del secretario gremial de Smata, Román Moyano, en medio de una protesta por el despido de trabajadores de la empresa Guerrero Motos.
Desde septiembre hasta diciembre, unos 1.847 trabajadores recibieron telegramas de despido o fueron cesanteados en sus puestos, pero todo quedó en suspenso debido al dictado de una conciliación obligatoria. Para intentar llegar a un acuerdo tripartito entre los sindicatos, las empresas y el Gobierno, mañana habrá un nuevo encuentro.
El martes las provincias petroleras le pidieron al Gobierno "salir" del congelamiento del precio del crudo "antes de los 90 días" y buscar una solución para las petroleras antes de ese plazo, dijo el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez.