Docentes universitarios convocan a un nuevo paro nacional de 72 horas para la semana que viene
Ante la falta de respuestas del Gobierno nacional y el creciente deterioro salarial, la Conadu Histórica resolvió convocar a una una medida de fuerza para los días 12, 13 y 14 de noviembre. El gremio reclama la inmediata convocatoria a paritarias y la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, suspendida por decreto presidencial.
La Conadu Histórica, una de las federaciones gremiales que agrupa a docentes universitarios y preuniversitarios de todo el país, anunció un nuevo paro nacional de 72 horas para los días miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de noviembre. La medida, aprobada en el congreso extraordinario realizado el 30 de octubre, surge ante la falta de diálogo con el Gobierno nacional y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que fue sancionada por el Congreso pero suspendida por decisión presidencial. Según los gremios, esta situación agrava el deterioro salarial y compromete el funcionamiento de las universidades públicas.
En ese contexto, la federación exige la inmediata convocatoria a paritarias y la plena implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, normas consideradas esenciales para garantizar condiciones laborales dignas y sostener el sistema educativo público. “El deterioro salarial es profundo y no hay respuestas del Gobierno”, afirmaron desde la entidad, que también nuclea a la Asociación de Docentes de la Universidad del Litoral (Adul).
Asimismo, el reclamo se da en un contexto de creciente tensión entre las universidades y la administración nacional. Cabe recordar que el Senado rechazó, el 2 de octubre, los vetos presidenciales a las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Salud Pediátrica.
No obstante, a pesar del respaldo legislativo mayoritario, el Poder Ejecutivo suspendió la aplicación de la ley por decreto, argumentando “falta de claridad” en su financiamiento. De este modo, el conflicto universitario, que lleva ya más de dos años, se profundiza sin señales de resolución.
Por otra parte, durante el debate del Presupuesto 2026, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, confirmó que la norma no será implementada. Si bien aseguró que el presupuesto prevé un incremento nominal del 17,6 % en la inversión educativa, el dato contrasta con los reclamos del sector, que denuncia una pérdida salarial acumulada superior al 40 %.
En efecto, según Francisca “Paquita” Stati, referente nacional de Conadu Histórica, “el propio Gobierno reconoció en un decreto una caída del poder adquisitivo del 40,25 % a julio de 2025, llegando al 43 % en los últimos meses”.
Además, ante la falta de respuestas institucionales, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) resolvió presentar una acción de amparo para exigir el cumplimiento de la ley. Su vicepresidente, Franco Bartolacci, advirtió que “es grave para la institucionalidad democrática naturalizar el incumplimiento de una norma con amplia legitimidad social y política”. De esta manera, el conflicto se trasladará también al terreno judicial, sumando presión sobre el Ejecutivo.
Por otro lado, la Conadu, la otra federación docente universitaria resolvió realizar una consulta nacional para definir nuevas medidas de fuerza federales. Los resultados serán analizados el viernes 7 de noviembre, fecha en la que se prevé un nuevo plenario para definir la continuidad del plan de lucha.
En este sentido, el gremio señaló que “frente a un gobierno indiferente a los consensos sociales y decidido a destruir la educación pública y la ciencia por decreto, es necesario fortalecer la organización y la resistencia en defensa de las conquistas del pueblo trabajador”.
En ese marco, el conflicto universitario se encamina a una nueva etapa de confrontación. Por un lado, el Gobierno insiste en que no habrá recortes ni cierres de universidades; por el otro, los gremios y el CIN advierten que sin financiamiento real ni diálogo, la crisis del sistema universitario público continuará profundizándose.
El paro de 72 horas previsto para mediados de noviembre se perfila como un punto de inflexión en la lucha docente por salarios dignos y por la plena vigencia de la ley que garantiza el sostenimiento de la universidad pública argentina.