A horas de la reunión del Consejo Directivo de la CGT para definir si llevan adelante una medida de fuerza, el Gobierno de Mauricio Macri liberó fondos para las obras sociales previstos en un decreto firmado hace poco más de un mes. El retraso en el aporte de fondos desde el inicio de este proceso se estoma en 13 mil millones de pesos y había motivado el malestar del arco sindical que amenazó con un paro para esta semana.

Los motivos de la demora forma parte de una disputa entre el Gobierno y la CGT, porque la conducción de la central obrera no acompañó el proyecto de blanqueo laboral. El fracaso del tratamiento legislativo de la norma generó un cruce de acusaciones donde cada una de las partes señala al otro como responsable.

La decisión, que se vio plasmada en la resolución 373/19 de la Superintendencia de Servicios de Salud, aparece como un gesto para calmar lo ánimos. En consecuencia se librarán unos 500 millones de pesos mensuales para engrosar el sistema que cubre los costos de tratamientos extraordinarios.

Aunque el primer mes el monto se elevará a 1000 millones, por los pagos pendientes de abril. En la Superintendencia descartaron cualquier intencionalidad política o conflicto con la CGT que haya motivado el retraso en el reparto de los fondos y atribuyeron el retraso a cuestiones técnicas.

El problema que busca subsanar este proceso se arrastra desde la época del kirchnerismo, cuando se acumuló una deuda de 27 mil millones de pesos al sistema de reintegros que se conforma con fondos aportados por los trabajadores. El objetivo de este fondo es distribuir los gastos de tratamientos de enfermedades poco frecuentes, con muy elevados costos como la hemofilia.

En 2016, hubo un primer acuerdo entre la administración de Cambiemos y la CGT, por el cual parte de estos fondos se colocaron en un bono con vencimiento en el 2020. La resolución de ahora establece que los intereses de este bono serán repartidos entre las obras sociales, a partir de los casos complejos que tengan que atender.

La norma también prevé aportar fondos para el denominado Régimen de Compensación, que comprende a los servicios de salud de monotributistas y trabajadoras de casas particulares. Los aportes para este universo son también una demanda de los gremios de la CGT, porque en la mayoría de los casos terminan en obras sociales sindicales y su aporte es en general menor al gasto que les demandan, según los principales dirigentes de al central obrera.