El pedido de 12 años de prisión para la ex presidenta Cristina de Kirchner que hicieron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola disparó una importante cantidad de apoyos que incluyen manifestaciones y marchas.
Tras considerarla como presunta jefa de una asociación ilícita y de administración infiel en perjuicio del Estado por la adjudicación de obra pública a la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, gremios de Rosario y la región, como así también lo había hecho la CGT, revelaron su postura.
Por ello, también se convocó al acto “en defensa de la democracia” que se realizará el jueves 25 de agosto en la Plaza 25 de mayo a las 17 en el contexto de la habitual ronda de las Madres.
Así, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Recolectores, Marcelo Andrada, manifestó: “Repudiamos totalmente lo que le está pasando a la compañera Cristina, y si además nos ponemos a pensar de lo que atravesamos los dirigente gremiales vemos que se vienen no solo por la ex presidenta sino por referentes sociales y gremiales”.
“Nos parece que se viene armando algo desde la derecha argentina, que sigue reagrupándose y persiguiendo a los sectores que levantamos las bandera de lo popular” añadió el dirigente gremial, y razonó: “Los argentinos debemos entender que es realmente lo que queremos, si una Argentina democrática o una dictadura nefasta que propone la derecha con planes de hacer desaparecer los derechos de miles y miles de trabajadores”.
En tanto, el titular de Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario, Antonio Ratner, indicó que, “es un artero ataque a la democracia, no se puede sostener como asociación ilícita a quien conduce y representa un Gobierno constitucionalmente elegido” y remató: “Estamos ante una Justicia como la de (Sergio) Moro para encarcelar a Lula”.
En tanto, Julio Barroso, referente del gremio de Trabajadores Químicos de San Lorenzo apuntó: “Nos parece una locura con la promiscuidad de complicidad inocultable entre el fiscal, el juez y el propio Macri. Quieren hacer exactamente lo mismo que hicieron con Perón y el peronismo como expresión política popular mayoritaria en el 1955”.
Además agregó que, “la democracia se mejora con más democracia, la república con más república, no volviendo a prácticas de odio y cancelación de las dictaduras de hace casi 70 años. Los que están atrás del lawfare son a los que les molesta la democracia, la voluntad popular, porque siempre lo ven como una amenaza para sus privilegios de todo tipo por sobre el resto de la población”.
Asimismo, para el secretario general del Sindicato de Correo de Rosario, Walter Palombi, el pedido de los fiscales no los sorprende “porque esto es evidentemente una causa armada, muy parecido a lo que pasó con Lula, Evo y Correa”.
“Evidentemente en Latinoamérica se ataca a todos los movimientos nacionales y populares y en Argentina ahora se ataca a la referente más grande que tiene este sector”, señaló, para enseguida afirmar que “definitivamente van por ella, tratando de proscribirla y practicar a partir del año próximo un modelo neoliberal que contendrá la fuerza de las balas, queriendo meter presos a los que pienses distinto y llevarse todo puesto”.
Más adelante, Palombi agregó: «Estamos seguro que con el pueblo vamos a construir un nuevo 17 de octubre, eso no le quepa la duda a nadie, el campo nacional y popular no soporta más la embestida de esta derecha recalcitrante. Es la hora de movilizarse, de estar en las calles reclamando lo que es justo y que empiecen a pagar todos aquellos que han cometido un atropello contra el pueblo y todavía siguen impunes”.
A su turno, la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Estatales (Norte), Claudia Indiviglia, expuso que “quieren correr a Cristina de la escena política porque saben que es la referente más importante de los sectores populares. Es todo muy burdo y muy obvio”.
“Los sectores que peleamos día a día por los derechos de las mayorías debemos estar muy atentos porque nuevamente la derecha en este país vuelve a mostrar todas sus miserias y en confluencia con un sector de la Justicia que hiere fuertemente a la democracia”, completó.
Desde el gremio de docentes universitarios (COAD) indicaron que, “la judicialización de actos de gobierno y la persecución política a dirigentes y militantes a través del aparato judicial es una práctica sistemática desde hace años, y tanto en América del Sur como en América Central derivan en hechos de notable gravedad, que violan derechos democráticos y atacan la voluntad popular”.
“La utilización abusiva de la figura de prisión preventiva para encarcelar dirigentes y ex funcionarios, la realización de golpes blandos (derrocamiento de Gobiernos democráticos a través de caminos institucionales) y el armado de causas son métodos utilizados recurrentemente por poderes como el judicial y el mediático, poderes que nadie vota y que pretenden colocarse por encima de la democracia”, agregó el gremio docente
Más adelante, desde COAD remataron: “Rechazamos a este poder judicial corrupto, que es el mismo que de forma sistemática ataca y criminaliza a quienes luchamos por nuestros derechos. Repudiamos los intentos de proscripción y de condena ilegítima a Cristina Fernández. La disputa política, las diferencias, deben dirimir en el terreno de la política y solo ser sometidas al veredicto de la voluntad popular”.
