La CGT hará un paro general cuando la reforma laboral se discuta en la Cámara de Diputados
Aún no se fijó una fecha para la medida de fuerza –que será sin movilización–, aunque todo indica que la misma podría tener lugar el próximo jueves 19 de febrero, cuando la Cámara de Diputados trate la reforma laboral, que ya tiene media sanción en el Senado.
Foto: Leandro Heredia.
La cúpula directiva de la Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a un paro general de 24 horas para cuando se discuta la reforma laboral en la Cámara de Diputados. La medida de fuerza será sin movilización y, si las intenciones del gobierno de Javier Milei se concretan, todo indicaría que se llevaría adelante el jueves 19 de febrero.
Este miércoles a las 11 la centrar obrera brindará una conferencia de prensa en la sede de Azopardo para ampliar declaraciones y precisar más detalles del alcance de la huelga.
La decisión se tomó luego de la reunión entre los cotitulares de la central obrera Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio). Los dirigentes mantuvieron un encuentro virtual durante el mediodía de este lunes, el cual se extendió por casi dos horas y terminó cerca de las 13.
En declaraciones a Radio 10, Jerónimo había señalado este domingo que “estaban dadas las condiciones y generados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional”.
De hecho, muchos sindicalistas sostenían que ya no es suficiente con salir a la calle para expresar su oposición al proyecto del Gobierno y pidieron expresamente medidas más duras.
En consecuencia, la CGT activó la medida de fuerza para el día en que la Cámara de Diputados discuta el proyecto el en recinto. Todo indica que será el próximo jueves 19 de febrero.
Este será el cuarto paro que la central obrera haga en lo que va de gestión libertaria: el primero fue el 24 de enero de 2024, en rechazo a la Ley Ómnibus; el segundo tuvo lugar el 9 de mayo de ese mismo año, también en rechazo a las cambios laborales que introducía la Ley Bases; y el tercero ocurrió el 10 de abril del año pasado, en rechazo al modelo económico del Gobierno.
Se prevé que los gremios que representan a los trabajadores del transporte, tanto ferroviario como automotor, adhieran a la huelga que tendrá lugar cuando Diputados trate la reforma. Así las cosas, en este caso el impacto podría ser mayor que en el último paro, en el que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) no participó por estar bajo conciliación obligatoria.
Entre los puntos que causaron rechazo de parte de la CGT se encuentran las modificaciones sobre las indemnizaciones, la jornada laboral, el derecho a huelga y las vacaciones, mientras que también generó críticas el esquema de licencias por enfermedad o accidentes no laborales.
La reforma laboral es rechazada por el grueso de las centrales obreras: a la CGT se sumaron las dos CTA –Autónoma y de los Trabajadores–, que insisten desde hace tiempo con la convocatoria a un paro nacional.
El pasado jueves, después de que el Senado diera media sanción a la reforma laboral, desde la CGT publicaron un comunicado en donde apuntaron que esta iniciativa “vuelve atrás las relaciones laborales en el país, se retrocede en derechos colectivos e individuales y se pretende avanzar en una brutal transferencia de recursos desde el trabajo hacia el capital”.
El secretario general del Centro de Patrones Fluviales, Mariano Moreno, advirtió que la reforma laboral excluye a los marinos de la ley de Contrato de Trabajo. “Si no luchamos hoy para que esto no salga, vamos a terminar precarizados y trabajando por un sueldo miseria”, sentenció.
“Al personal embarcado no le dejan ni el 14 bis”, afirmó el dirigente, al graficar que el artículo 2° de la reforma excluye de forma explícita al personal embarcado en su inciso (g) y los pone en igualdad de condiciones que las personas privadas de su libertad: “Esto significa que ya ni siquiera se cuenta con los derechos más básicos que protegen al trabajador”.
“Antes, si había un conflicto no previsto en el contrato de ajuste, se invocaba la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) para proteger al marinero o capitán. Con esta reforma, se asume que el régimen de navegación es autónomo. Esto debilita la protección general porque la Ley de Navegación es de carácter comercial y administrativo, y no tiene la carga de justicia social y protección al trabajador que tiene un Convenio Colectivo de Trabajo o lo mínimo que garantiza la LCT”, detalló.