El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires multó con importantes sumas de dinero a las empresas de reparto Pedidos Ya y Rappi por incumplir las normas laborales, ya que en inspecciones realizadas por esta cartera se detectó que el 97% de los repartidores no tienen cobertura social ni sanitaria y padecen una notable precarización.
El abogado laborista e investigador de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), Juan Manuel Ottaviano, denunció a través de su cuenta de Twitter que la “enorme mayoría de los repartidores no cuentan con ART o seguro de riesgos del trabajo”.
La enorme mayoría de los repartidores no cuentan con ART o seguro de riesgos del trabajo y, en los casos que indicaron tener alguna cobertura, en general se trataba de seguros de accidentes o contra terceros financiados por las y los trabajadores
— Juan Manuel Ottaviano (@ottibus) June 22, 2021
En este sentido, aclaró que los pocos trabajadores que manifestaron tener alguna cobertura médica o sanitaria, contaban con “seguros de accidentes o contra terceros” los cuales, en su gran mayoría, eran financiados por los mismos repartidores.
Al respecto, desde Abogados en Cooperativa explicaron que los trabajadores de estas empresas “no cuentan con obra social, Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART), recibo de sueldo ni aportes a la seguridad social”.
❌ Les trabajadores no cuentan con #obrasocial, #ART, recibo de sueldo ni aportes a la seguridad social. Deben trabajar muchísimas horas para obtener un #salario digno, exponiendo su #salud y sus #vidas ❌
— Abogades en Cooperativa (@AbogadesEnCoop) June 22, 2021
Por otro lado, Ottaviano indicó que el 94% de los trabajadores que fueron parte de las inspecciones reconoció que eran las empresas quienes establecían las formas de trabajo y de control.
Además, el abogado expresó que las inspecciones que llevó adelante la cartera laboral de Buenos Aires –las cuales se realizaron sobre 172 repartidores- “son un paso importante para visibilizar la precariedad y responsabilizar a las empresas de las relaciones laborales que organizan el trabajo sin ningún tipo de intermediación más que la digital”.
“Las empresas que desplegaron este modelo de negocios desde 2018 evaden regulaciones laborales y tributarias. La creación de puestos de trabajo de la industria comercial y tecnológica no puede estar signada por la precariedad laboral”, completó el abogado.
En relación a la vulnerabilidad laboral de los trabajadores de estas aplicaciones, algunos países de Europa se vieron obligados a implementar medidas legales que regularicen el funcionamiento de las plataformas.
De esta manera, en España y el Reino Unido hubo leyes y fallos judiciales que reconocieron el trabajo asalariado de los repartidores al tiempo que obligaron a que las plataformas hagan públicos los algoritmos que organizan el trabajo.
