A raíz de la reciente detención del secretario gremial de la seccional Rosario de Smata, Román Moyano, el fiscal general Jorge Baclini y su par regional, María Eugenia Iribarren, se reunieron con delegados gremiales y con la diputada provincial Cesira Arcando, para “evitar la criminalización de la protesta gremial”.

Por ello, Conclusión conversó con la legisladora quien manifestó: “Nosotros vinimos con un grupo de CGT a plantear un canal de diálogo con la Justicia Penal, sobre todo lo que tiene que ver con los derechos de huelga, de manifestarse, y ese punto gris que tienen en el medio con las denuncias que efectúan las patronales”.

“Es un mecanismo que nos preocupa en demasía – añadió Arcando – porque si este mecanismo se va a utilizar para disciplinar trabajadores, para no cumplir con la ley, la verdad que nos preocupa bastante como movimiento obrero”.

En cuanto al resultado de la reunión, la diputada del partido Fe afirmó que procura “abrir un canal de diálogo para los conflictos particulares para que ante una eventual denuncia, el fiscal pueda tener todos los elementos y las historias contadas por las distintas partes con los elementos de prueba de cada uno”.

“No venimos a pedir que no se castigue la comisión de un delito, todo lo contrario, pero estamos dejando muy en claro que este caso es de naturaleza netamente laboral, como muchos otros que se vinieron dando en estos últimos tiempos”, describió la legisladora.

Más adelante, indicó que “los gremios que están agrupados en la CGT, están alertados, porque no solamente el caso del compañero Román Moyano ha tomado esta dimensión y tiene estas características”, sino que también lo han visto “con otros gremios y otras imputaciones”.

“Queremos establecer vías de comunicación entre los distintos estamentos del Estado para poder garantizar la paz social y creo que los gremios son actores fundamentales para la contención de los trabajadores, consideró Arcando, quien recordó que “en este caso, se despidieron trabajadores un 24 de diciembre a las 9 de la noche con un escribano, argumentando abandono de trabajo”, , en referencia a lo acontecido con el dirigente de Smata detenido en el marco de una protesta por el despido de trabajadores de la empresa Guerrero Motos.

“Si esa no es la naturaleza de un conflicto laboral, no entiendo la lógica”, razonó.