El gobierno publicó hoy el DNU que modifica la Ley de Vacunas contra el Coronavirus y que permite a la Argentina acceder a las dosis desarrolladas por laboratorios como Pfizer, Moderna y Janssen, ya sea mediante la compra o la donación por parte de otros países.

Tal como habían anunciado la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, el presidente Alberto Fernández rubricó el Decreto 431/2021, titulado «Marco legal para el desarrollo del Plan Nacional de Vacunación destinado a generar inmunidad adquirida contra la Covid-19 con inclusión de la protección de los niños, las niñas y adolescentes».

«El presente decreto tiene como uno de sus objetivos la adecuación de la normativa vigente con el fin de posibilitar la adquisición de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra la Covid-19 y el acceso a las mismas por parte de la población, en especial, para los niños, las niñas y adolescentes», explicó el texto publicado este sábado en el Boletín Oficial.
Con esto se modificó la Ley 27.573 que regula el acceso de las vacunas contra el coronavirus «que presentan compatibilidad y validación para su uso pediátrico», como las de Moderna y Pfizer, y se busca potenciar «las herramientas para la adquisición de las mismas».

El Decreto de Necesidad y Urgencia es la forma que debió utilizar el jefe de Estado para modificar algunas de los puntos que eran cuestionados por varios laboratorios y que imposibilitaban el acceso de la Argentina a más vacunas: en las últimas semanas, se había conocido que por esa razón el país no podía recibir dosis de Pfizer donadas por Estados Unidos.

Uno de los temas en disputa era la palabra «negligencia» en caso de que alguna persona tuviera efectos adversos tras aplicárselas: por eso se eliminó dicho término y se creó el Fondo de Reparación Covid-19 «destinado a aquellas personas que eventualmente padezcan un daño en la salud física, como consecuencia directa de la aplicación de la Vacuna Covid-19».

También se reemplazan los términos «maniobras fraudulentas y conductas maliciosas» por «conductas dolosas», modificaciones que encuentran «fundamento en la necesidad de adecuar la normativa vigente con el fin de obtener las finalidades expresadas».