Luego de que el Gobierno de Jujuy -encabezado por Gerardo Morales- ordenara este miércoles la detención de 22 personas que protestaron en la ciudad de Humahuaca contra la reforma de la Constitución provincial, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) denunció que este jueves “continúan los allanamientos y hay más de 40 órdenes de detención en las últimas horas”.

“La mayor parte de las personas que están siendo detenidas son referentes de diferentes organizaciones sociales, sindicales, indígenas y políticas”, apuntó el organismo en su cuenta de Twitter, dando cuenta además que con este accionar el gobierno de Morales “cumplió su amenaza de criminalizar a referentes sociales e indígenas”.

La Universidad Nacional de Jujuy ya había pronunciado su total repudio a la irrupción de la Policía provincial en su casa de estudios, al señalar en un comunicado que «estas acciones violentan la autonomía universitaria y la libertad de cátedra vulnerando el artículo 19 inciso 75 de la Constitución Nacional que consagra la autonomía y autarquía de las universidades nacionales».

Para repudiar esta situación, sindicatos docentes y otros sectores estatales de Jujuy, agrupados en la Intergremial y la Multisectorial, se movilizan este jueves por el centro de San Salvador de Jujuy en rechazo a la reforma constitucional, en el marco de un paro por 24 horas y para exigir la libertad de las personas detenidas ayer por la policía en Humahuaca.

En este sentido, el Cels había denunciado el miércoles, en su cuenta de Twitter: “Allanan las casas de 22 personas que participaron de la marcha del 30/6 en Humahuaca. Se las acusa de delitos gravísimos como sedición y privación de la libertad para que queden detenidas”.

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En tanto, la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos denunció que se produjeron “detenciones arbitrarias” y hubo “armado de causas” a manifestantes que fueron reprimidos en la madrugada del 1 de julio en inmediaciones del municipio de Humahuaca.

Al menos tres hombres fueron detenidos este miércoles bajo la figura legal de presuntos delitos como “sedición, privación ilegítima de la libertad o lesiones graves”, al tiempo que libraron órdenes para encarcelar a un total de 12 hombres y 9 mujeres.

Las personas acusadas habían participado de una protesta para que el Concejo Deliberante de Humahuaca se pronuncie en contra de la reforma parcial de la Constitución de Jujuy, sesión que culminó en la madrugada del 1 de julio con una violenta represión.

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El agente fiscal de investigación con asiento en Humahuaca, Fernando Alancay, requirió al Juzgado de Control en lo Penal, Económico y Delitos contra la Administración de Jujuy 22 allanamientos en domicilios ubicados en la localidad quebradeña y también 22 detenciones.

Asimismo, acusó a los manifestantes de “privación ilegítima de la libertad” al indicar que el 30 de junio, en la sede del Concejo Deliberante de Humahuaca, se “retuvo” a los seis ediles cuando se disponían a retirarse.

Marcha para exigir la libertad de los detenidos

Organizaciones como el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems), la Asociación de Educadores Provinciales, la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública y el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales, entre otras, marcharán en la tarde de este jueves –en el marco de una jornada de paro– por la capital provincial para exigir la libertad de los detenidos en Humahuaca.

“Exigimos que cese la persecución de los compañeros en lucha. Arriba los derechos, abajo la reforma”, es la consigna impulsada por la Multisectorial contra la reforma constitucional aprobada y jurada el 20 de junio pasado en la Legislatura provincial.

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La movilización denuncia también “las detenciones y encausamientos, la estigmatización de la actividad sindical, la brutalidad de la represión que apuntó con letalidad a los manifestantes y por una reforma constitucional viciada aprobada a espalda de los intereses colectivos y violatoria de derechos”, según explicaron voceros gremiales.

En el marco de una jornada de paro, los docentes reclaman que no se modifique en ninguno de sus términos el Estatuto del Docente sin su consulta y participación, al señalar que “la reforma de la Constitución nueva no contempla como lo hacía la Constitución de 1986 el respeto por la totalidad de los derechos consagrados en el artículo 67”.

Morales se intentó despegar

Asimismo, las autoridades universitarias dijeron que «estos hechos revisten suma gravedad institucional y condicionan e interfieren en las posibilidades de diálogo para la generación de consensos y soluciones en momentos de alta sensibilidad y tensión social».

El gobernador de Jujuy Gerardo Morales salió a despegarse de la situación y anunció sanciones para los agentes que ingresaron al predio universitario. “Ya pedí sanciones para los policías que atropellaron la autonomía universitaria e irrumpieron en una reunión del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Jujuy. Es inadmisible y condenable semejante abuso de poder y los responsables ya están pagando las consecuencias. Respetando la ley y no con autoritarismo es como se resuelven los problemas de los argentinos”, publicó el mandatario norteño en redes sociales.

En el mismo sentido, la UCR jujeña también repudió el accionar policial en un comunicado, al considerarlo «un acto de abuso de poder totalmente condenable». «Renovamos el compromiso de la UCR al servicio de las libertades y la plena vigencia de los derechos», sostuvieron.