El ex concejal y abogado constitucionalista Roberto Sukerman presentó esta mañana una acción de amparo ante la Justicia Federal de Rosario para pedir la restitución del beneficio a una mujer discapacitada.
El letrado manifestó que “lamentablemente no nos quedó otra opción que presentarnos ante la Justicia Federal con una acción de amparo para que un juez ordene la restitución de la pensión no contributiva por discapacidad, en este caso de Silvia, que es una persona con discapacidad que hace varios años que cobra la pensión”.
En relación a los alcances del beneficio que cobran las persona con discapacidad aclaró que “la pensión no implica solamente el cobro de 4 mil y pico de pesos por mes, que es sólo una ayuda, porque nadie puede pensar que una persona vive con 4 mil pesos por mes, es todo el resto de las prestaciones médico asistenciales que en el caso de ella lo brinda Incluir Salud, que además son muchas terapias de rehabilitación que las brinda el Estado tanto municipal como provincial a través de sus efectores”.
“Esto no sólo es inhumano, es absolutamente injusto, va en contra de lo que establece la Constitución Nacional y de lo que establecen los tratados internacionales. Para que quede claro, nosotros tenemos una Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que tiene la misma jerarquía que la Constitución y que establece una cobertura integral en estos temas. Por lo tanto no se puede quitar una pensión por discapacidad porque hay algún otro ingreso en la familia, esto es absolutamente absurdo”, remarcó Sukerman.
Respecto de las declaraciones que afirman que las personas con síndrome de Down pueden trabajar, señaló que “las declaraciones han sido discriminatorias hacia las personas con discapacidad. Por otro lado puedo decir que en determinados casos de personas con discapacidad, que afortunadamente trabajan y está claro que es un objetivo de la sociedad y debería ser del Estado que las personas con discapacidad trabajen”.
Sin embargo, aclaró que “ningún nivel de Estado cumple con el cupo establecido e indudablemente las empresas privadas no toman personas con discapacidad. Ojalá pudieran trabajar y tener su propio sustento”, auguró.
En el mismo sentido, mencionó que “en algunos países del mundo fomentan el trabajo de las personas con discapacidad pagando una parte del salario, como podría ser en este caso mantener la pensión. Acá no solamente se quitan derechos sino que además se tiene un lenguaje sumamente agresivo y discriminatorio para las personas con discapacidad”.
En el caso que un juez haga lugar al amparo presentado por Silvia, el resto de las personas que se encuentren en la misma situación deberán hacer el mismo trámite. Aunque Sukerman señaló que “hubiésemos querido poder conformar una acción colectiva pero como no tenemos una organización que nos represente entendemos que el juez no nos va a dar la razón en ese sentido”.
De todos modos, manifestó que “sabemos que se está haciendo una presentación colectiva en algún lugar del país, ojala sea así porque esto significaría que la resolución de un caso se podría expandir a todos los casos”.
Por otra parte, dijo que “esperemos que el gobierno dé marcha atrás como lo ha hecho en otros casos, pero parecería esta cuestión que si pasa, pasa. Acá no hubo resolución ni análisis previo, directamente se dejó de depositar los haberes a las personas beneficiarias”.
“Estamos de acuerdo en que el Estado controle, audite pero eso se hace con un proceso previo, analizando cada caso en concreto”, remarcó.
Con respecto a las declaraciones de la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, quien aseguró que en el gobierno kirchnerista se dieron de baja 160 mil pensiones por discapacidad, aclaró que “en los gobiernos anteriores se aumentó el número de pensiones porque antes del 2003 estaban congeladas, es decir, se tenía que morir una persona con discapacidad para que se otorgue la pensión a otra persona con discapacidad”.
Finalmente, respondió a la falacia que manifestó el gobierno sobre pensiones a personas que no padecen discapacidad y aseguró que “salvo algún error muy puntual, no hay certificados de discapacidad a personas que no tengan discapacidad, porque son distintos niveles del Estado los que otorgan los certificados, es decir la pensión la otorga el gobierno nacional pero el certificado de discapacidad lo otorga el gobierno provincial, porque está descentralizado y en la provincia de Santa Fe lo realiza la Dirección Provincial de Inclusión, que incluye una junta médica de tres profesionales. Decir esa aberración de que personas que no tienen discapacidad tienen certificados, realmente es de una crueldad inusitada”, concluyó.
