JUEVES, 04 DE JUN.

Destructores estadounidenses en el Mar Caribe: ¿incursión armada o muestra de poder?

Las versiones sobre posibles incursiones navales de Estados Unidos cerca de las aguas territoriales de Venezuela abren el enésimo capítulo de la tensión bilateral entre Washington y Caracas.

 

Hace poco más de una semana, la agencia de noticias Reuters publicó un artículo donde anunciaba el despliegue de fuerzas aéreas y navales en el Sur del Mar Caribe, como parte de una operación del gobierno de Estados Unidos para combatir los flujos de narcotráfico. El artículo, que cita a “tres fuentes informadas de la decisión”, fue publicado 6 días después de una orden secreta de Trump, informada por el New York Times, donde habilita las operaciones militares contra los cárteles latinoamericanos declarados como organizaciones terroristas.

A inicios de la semana que acaba de finalizar, el presidente venezolano Nicolás Maduro anunció la movilización de 4.500.000 de milicianos contra un nuevo intento de Estados Unidos de “socavar la soberanía de Venezuela”, haciendo referencia a la incorporación de la población para unirse a la lucha contra una nueva amenaza de agresión norteamericana.

Por la propia opacidad que caracteriza los procesos de toma de decisiones en el gobierno de Donald Trump, no se ha podido confirmar del todo esta información. La andanada de declaraciones en ambos países fue el caldo de cultivo para que los operadores en redes sociales comiencen a jugar con la idea, fake news y videos falsos mediante, de una intervención armada por parte de Estados Unidos en Venezuela.

Oficialmente, no hay mucho más que lo que ha dicho la Secretaria de Prensa Karoline Leavitt, quien aseguró que la Administración Trump está lista para utilizar todo su poder para frenar los flujos de drogas hacia el país, y que el gobierno de Maduro es ilegítimo y un cartel narcoterrorista. La Drug Enforcement Agency (DEA) se expidió en el mismo sentido.

Esto último va de la mano con el aumento a 50 millones de dólares de la recompensa que Estados Unidos ofrece para capturar a Nicolás Maduro, por la supuesta pertenencia del presidente venezolano al Cártel de los Soles, un grupo aparentemente asociado con la organización criminal mexicana Cártel de Sinaloa.

En este momento, conviene hacer una pausa para tratar de pasar en limpio lo sucedido en estas últimas dos semanas. Trump aprueba una misteriosa y opaca orden para utilizar la fuerza militar contra organizaciones narcotraficantes en el extranjero, luego aumenta la recompensa por Maduro como si fuese un criminal de una película de cowboys del Lejano Oeste, y más tarde comienzan los versiones sobre el envío de 3 destructores al límite de las aguas territoriales venezolanas para frenar la llegada de sustancias a sus costas.

Este episodio confirma un patrón de relaciones que Estados Unidos realiza con respecto a América Latina, y que es necesario considerar. El enfoque militarista de la lucha contra el narcotráfico no solo es complicado en materia jurídica por las propias leyes estadounidenses, debido a que tal accionar requeriría un apoyo del Congreso. También forma parte de un nuevo capítulo en la estrategia errática que Trump ha llevado a cabo, en sus dos mandatos, con respecto a la Venezuela madurista.

En su primer mandato, el presidente norteamericano avaló la autoproclamación del entonces presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reconociéndolo como presidente encargado de Venezuela en un intento de deslegitimar a Maduro y generar las condiciones para un cambio de régimen, que luego no sucedió. También durante los primeros 4 años de Trump en la Casa Blanca, se llevó a cabo la Operación Gedeón, donde militares disidentes venezolanos y mercenarios intentaron infiltrarse en las costas venezolanas para sacar a Maduro y a Diosdado Cabello del poder e instalar a Guaidó. Tampoco hubo éxito.

Con los últimos acontecimientos en torno a Venezuela, Trump parece nuevamente pendular hacia la estrategia de “máxima presión” que fracasó durante su primer mandato, y luego de unos primeros meses de su segunda administración donde impulsó un vínculo de entendimiento con Caracas. Las visitas en febrero del enviado Richard Grenell a Miraflores, donde se acordó la colaboración para el envío de venezolanos deportados, sumado al otorgamiento de permisos a la petrolera Chevron para operar nuevamente en Venezuela, son dos ejemplos de la distensión entre ambos gobiernos.

Parece ser que la Casa Blanca cambia nuevamente de política con respecto a Venezuela, antes de cumplirse un año del retorno de Donald Trump al edificio de la Avenida Pennsylvania. Por otra parte, la militarización del problema del narcotráfico no es una política nueva ni novedosa, sino que caracterizó al vínculo de Washington con varios países de América Latina durante los años 80 y 90, sin muchos resultados.

La situación es todo ganancia para Nicolás Maduro, quien es un maestro a la hora de utilizar la carta nacionalista para acallar críticas internas y externas. Maduro logró pasar la página del proceso electoral de julio de 2024, donde no pudo demostrar las pruebas de su supuesta victoria en las urnas contra Edmundo González Urrutia, el candidato opositor. Esto último no sólo terminó con la tradición chavista de respetar el sagrado mandato popular de las urnas, sino que le valió la ruptura con varios actores, entre los que se encuentran Lula da Silva, profundizando el aislamiento de Venezuela.

No hay perspectivas optimistas con respecto al abordaje del problema continental del narcotráfico en el continente. Sustentado en esta vieja -disfrazada de nueva- política de militarizar la lucha contra el narco, Trump dejó trascender que podría ordenarle a su Ejército que opere más allá de la frontera con México. Esto por ahora está descartado, en parte porque Claudia Sheinbaum demuestra una capacidad de volanteo notable a la hora de lidiar con su vecino del norte, pero también porque cede ante algunas exigencias, como la deportación de 26 presos por narcotráfico a principios de este mes.

Al igual que en otras épocas oscuras de nuestra región, el narcotráfico vuelve a impactar en los procesos políticos del más alto nivel. Prueba de esto son los asesinatos de Fernando Villavicencio en 2023 y Miguel Uribe Turbay en 2025, ambos candidatos presidenciales en Ecuador y Colombia respectivamente. Hace algunos meses, dos asesores de la Jefa de Gobierno de Ciudad de México fueron ultimados a plena luz del día. Nadie duda que las estructuras criminales estuvieron detrás de estos hechos, pero también de una infinidad de tropelías de más bajo perfil.

Con Estados Unidos basculando de esta manera entre la distensión y la amenaza, con las rumores acerca de destructores con capacidad misilística y submarinos navegando hacia el Mar Caribe, y con la fragmentación política que existe en la América Latina de hoy, hay pocas posibilidades de encontrar soluciones a tan complejo asunto. Todo indica que estas movidas son dividendos internos para gobernantes que poco tienen para mostrar en materia de logros concretos: Trump deleitando a la tribuna latina antichavista de Florida, y Maduro agitando la carta patriótica y ostentando su “perfecta unión cívico-militar” que lo sostiene en el poder.

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