JUEVES, 05 DE NOV.

Diputados de Paraguay activan un juicio político contra el presidente y su vice por la crisis bancaria

Los señalamientos presentados por 35 legisladores de la oposición incluyen presuntos vínculos con Ueno Holding, decisiones sobre el Banco Central y el manejo de fondos previsionales.

 

Un bloque de 35 diputados presentó este miércoles en Paraguay un pedido de juicio político contra el presidente Santiago Peña Palacios y el vicepresidente Pedro Alliana, en medio de la crisis desatada por la disolución de un banco privado y las sospechas sobre posibles conflictos de interés en el manejo de fondos públicos.

La acusación contra Peña gira en torno a su participación accionaria en Ueno Holding, dueño de Ueno Bank, la entidad intervenida.

Los legisladores también cuestionan el nombramiento de Carlos Carvallo, ex titular de Financiera Ueno, al frente del Banco Central del Paraguay.

Para los firmantes, esa decisión choca con el deber de resguardar el interés público.

A eso suman el impulso a cambios en la ley de conflictos de intereses y la concentración de grandes sumas del Instituto de Previsión Social en el banco afectado.

El libelo contra Alliana sigue una línea similar.

Según los diputados, el vicepresidente habría trabajado para proteger políticamente a la entidad financiera y habría avalado la colocación de fondos previsionales, además de guardar silencio frente a las alertas sobre el exceso de límites crediticios con empresas vinculadas.

El planteo es duro: sostienen que ambos mandatarios conocían la situación de la entidad y aun así priorizaron intereses privados.

La movida legislativa llega con una sesión extraordinaria ya convocada para este jueves, donde la Cámara de Diputados tratará como único punto la acusación contra Peña.

El artículo 225 de la Constitución paraguaya habilita el juicio político por mal desempeño de funciones, delitos cometidos en el cargo o delitos comunes, y exige una mayoría de dos tercios tanto en Diputados para acusar como en Senadores para condenar.

El caso abre una pulseada institucional de alto voltaje. Si prospera, el frente político contra el presidente y su vice puede crecer rápido; si se frena, la sospecha sobre el manejo del banco y los fondos previsionales quedará igual de pesada sobre el Gobierno.

 

 

 

 

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