La justicia española confirmó este jueves una sentencia de dos años y medio de prisión contra el rapero Pablo Hasel por los delitos de obstrucción a la justicia y amenazas a un testigo, en momentos en que se extienden las protestas para exigir su liberación tras el encarcelamiento por insultar a la monarquía y las fuerzas de seguridad.

En medio de esta polémica, que divide a la coalición de Gobierno formada por los partidos Podemos y PSOE, la Audiencia de Lleida confirmó una condena a dos años y medio de prisión contra el artista por amenazar a un testigo de un juicio contra dos policías municipales.

La sentencia emitida el 12 de febrero pero difundida este jueves ratifica la pena impuesta por un juzgado de primera instancia, que el condenado apeló. La decisión puede llegar ahora ante el Tribunal Supremo.

Según los hechos probados, el rapero -cuyo nombre real es Pablo Rivadulla Duró- publicó en octubre de 2017 un tuit con la foto del testigo de un juicio contra dos policías municipales, asegurando que estos lo habían comprado y por ello habían sido absueltos.

Dos días después, Hasel, cuyo nombre real es Pablo Rivadulla Duró, increpó al testigo en un bar, intentó propinarle una patada y le gritó “Te mataré hijo de puta”, según consignó la agencia de noticias AFP.

Por otro lado, el rapero ya había sido condenado a nueve meses de prisión en 2018 por unos tuits en los que atacaba a la monarquía y a las fuerzas policiales españolas, calificándolas de “mercenarios de mierda” y acusándolas de torturar y asesinar a manifestantes e inmigrantes.

Además, calificó al rey Juan Carlos I de “mafioso” y “ladrón” y mencionó como referentes a personas implicadas en delitos de extremismo.

Por estos mensajes en su red social, publicados entre 2014 y 2016, el rapero fue condenado en 2018 por “enaltecimiento del terrorismo” y el pasado 28 de enero, la Audiencia Nacional, un alto tribunal con sede en Madrid, le dio un plazo de diez días hábiles para ingresar voluntariamente en prisión.

El pasado lunes, el músico se había encerrado en el edificio del rectorado de la Universidad de Lérida, en la norteña región de Cataluña, para evitar su previsible detención y encarcelamiento, ya que tres días atrás se había vencido el plazo otorgado por la Audiencia Nacional española para que el cantante ingresara de forma voluntaria en prisión. Ese día advirtió en su perfil de Twitter de que tendrían que “secuestrarlo” para llevarlo a la cárcel.

Sin embargo, el martes 16 de febrero el músico fue encarcelado para cumplir una pena de nueve meses por esta serie de tuits contra la policía y la monarquía.

El caso generó un nuevo debate sobre la libertad de expresión en España y el arresto del músico desató una ola de protestas que se extendieron anoche por Cataluña, Madrid y otras ciudades, y la Policía detuvo a más de 50 personas.

Las primeras manifestaciones se habían producido la noche del martes en ciudades de la Cataluña natal de Hasel, horas después de que la Policía se llevara detenido al rapero de 32 años.

Las protestas se extendieron anoche a Madrid, donde cientos de manifestantes se enfrentaron a la Policía en la céntrica Puerta del Sol, a gritos de “¡Pablo Hasel, libertad!”.

Machete en mano, los agentes cargaron varias veces contra los manifestantes, que replicaron con lanzamientos de botellas y destrozaron luego las vidrieras de algunos comercios cercanos.

En la capital hubo 19 detenidos, según indicó este jueves la delegación del Gobierno en Madrid. En tanto, los servicios de emergencias informaron 55 heridos, entre ellos 35 policías.

También hubo incidentes violentos en la ciudad andaluza de Granada, donde los manifestantes quemaron contenedores de basura. Las autoridades reportaron cuatro detenidos.

En Barcelona, los manifestantes lanzaron objetos a la Policía y levantaron barricadas que luego incendiaron.

En toda Cataluña, la policía regional, Mossos d’Esquadra, dijo haber detenido anoche a 33 personas. Fuentes médicas hablaron de ocho heridos leves.

Por su parte, Amnistía Internacional (AI) tachó la pena recibida de “desproporcionada”, y antes de su ingreso en prisión, unas 200 personalidades, entre ellas el director de cine Pedro Almodóvar, el cantante Joan Manuel Serrat y el actor Javier Bardem firmaron un manifiesto de apoyo al rapero.

El caso provocó incomodidad en la coalición de izquierdas en el poder, presidida por el socialista Pedro Sánchez, que se comprometió a revisar el código penal para que este tipo de delitos no sean sancionados con penas de cárcel.

Su socio minoritario, el izquierdista Unidas Podemos, del vicepresidente segundo Pablo Iglesias, presentó el miércoles una solicitud de indulto para el rapero.