Tuvo lugar este viernes 13, la jornada sobre Corrupción, Lavado de activos y Narcotráfico en Argentina, en la sede de La Universidad Abierta Interamericana (UAI) de Av. Pellegrini 1618. La actividad, dirigida a jueces, abogados, fiscales, docentes y alumnos, abordó las consecuencias del narcotráfico y los delitos conexos.

Participaron sobre el tema, el Dr. Ariel Lijo (Juez Criminal y Correccional Federal Nº. 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Dr. Carlos Vera Barros (Juez Federal Nº 3 de Rosario), Dr. Federico Di Pasquale (Director General de la Fiscalía de Capacitación del Ministerio Público Fiscal) y Dr. Julio Piumato (Secretario General de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación).

Las disertaciónes llevadas a cabo contaron con un auditorio colmado en el que estuvieron presentes importantes referentes del mundo del Derecho, las fuerzas de seguridad, y de la Justicia local.

La exposición comenzó a cargo del Juez Federal, Carlos Vera Barros, y versó sobre corrupción, a la que consideró un tema de la «agenda pública». El magistrado deslizó consideraciones del Papa Francisco al rescatarlo en uno de sus dichos que reza «pecadores si, corruptos no».

El hombre de Derecho, sostuvo que «la corrupción en sentido amplio es el abuso de poder en beneficio propio a punto tal de decir que sin corrupción no hay narcotráfico».

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Vera Barros, entiende que «la corrupción mina la confianza en las instituciones, en la democracia, frena el desarrollo y genera pobreza» y agregó que incluso, «hasta se hace creer que es un problema de los países en vías de desarrollo, lo que emerge un doble standard conforme el cual las empresas de los países ricos no corrompen, pero si lo hacen en los países pobres, algo que es difícil de sostener si se tiene en cuenta lo que aconteció en Alemania con la empresa Volkswagen» reflexionó.

El magistrado, también dijo que «la corrupción es un socio privilegiado del narcotráfico, para ello debe generar zonas donde el delito se realiza, donde no escapa la acción de alguna policía, por caso hubo una condena para un jefe de policía, un fiscal y un juez federal en distintos lugares del país».

En el mismo sentido, abundó precisando que «hay que sospechar de quienes sostienen de que se trata de conductas individuales, porque se trata de una protección calificada por el lugar desde donde se presta, porque es estatal».

Asimismo, especificó que esta metodología «tiene un estilo mafioso, con características propias, cuando se vende desde el Estado protección -y enumeró- puede ser una comisaria, u otra repartición o desde altas esferas y una de sus condiciones es la exclusividad».

El Juez, señaló que «el Estado tiene el monopolio de la uso de la fuerza pública y la verdad jurídica, cuando se trata de establecer responsabilidades penales o delictuales. Esto implica que cuando el monopolio se rompe o se interfiere en ciertas esferas se crean conflictos fuertes, ocasionando que se altere la paz social».

Asi, destacó el Juez Federal, la suspensión del derecho, en la zona que se trate, se hace en forma arbitraria, algo que conocemos como zona liberada. Es allí donde hay inacción y hasta a veces se alteran registros, procedimientos y se procede a detenciones ilegales».

Y sentencia, Vera Barros, «Esto es corrupción. se vende zona y protección. a punto tal que se podría llegar a la corrupción sistémica. Para luego llegar al tercer estadio que es el de Estado fallido, por que fracasó en sus funciones».

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A su vez, el doctor Federico Di Pascuale, expuso sobre el lavado de activos, y vinculó el carácter de los mismos, como delitos cometidos por codicia, donde está presente ánimo de lucro.

Además, puntualizó que hoy más que nunca «debemos ser conscientes de que el narcotráfico es parte de nuestra realidad y no debemos como sociedad tomar esto como algo natural».

En su momento Di Pascuale, reflexionó que tal vez toda esto haya comenzado con un simple depósito bancario cuando en el año 1973 Pablo Escobar hizo sus primeros depósitos en su caja de ahorros del banco Industrial Colombiano, los cuales eran fruto de sus primeras andanzas (contrabando de whisky, cigarrillos y electrodomésticos).

Entre los organismos internacionales que contribuyen a la concientización de «la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo se encuentra  la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Undc)» expresó.

«El mundo entendió que el lavado de activos es la fuente de financiación del crimen organizado, causando estragos en la sociedad, en los sectores económicos y en las instituciones públicas, transformándose en terror y violencia» señaló Di Pascuale.

En el mismo sentido, dio a conocer que la creación del GAFI fue clave en sus inicios «para salvaguardar la integridad de los sistemas financieros, proporcionando a los gobiernos herramientas para tomar medidas contra la delincuencia organizada y publicando programas integrales de concientización que contemplan el impacto y las consecuencias de este delito al ciudadano común».

Lucha que como dice el Papa Francisco “aún no está ganada y falta mucho por hacer”» sostuvo el director General.

Para Di Pascuale, la lucha «contra el crimen organizado no es ni puede ser un compromiso únicamente del poder estatal, sino que se ha convertido en un paradigma, A nivel mundial está ocurriendo un cambio cultural; nos hemos dado cuenta, por fin, que esto es necesario. No es solo una lucha del Estado contra la criminalidad organizada, sino que es una lucha de todos, de toda la sociedad, porque directa o indirectamente estos delitos afectan a toda la sociedad.

Por su lado, Julio Piumato destacó que los trabajadores de APOC (Asociación de Personal de los Organismos de Control), de la UEJN (Unión de Empleados de la Justicia de la Nación), de la AEFIP (Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos), decidieron conformar la Red de Trabajadores de Control Público, Fiscalización, Recaudación y Justicia, con el fin de contribuir a la lucha contra la corrupción, la evasión, el narcotráfico, el contrabando, mejorar el gobierno y potenciar los derechos laborales y sindicales de sus afiliado.

El secretario Genaral de los judiciales capitalinos, destacó que sería importante que las prácticas laborales de su sector «sean consideradas dentro de un marco de Políticas de Estado que defiendan la independencia y libertad sin presiones de grupos económicos, apetencias sectarias o intereses partidarios que pretendan desviar nuestros criterios profesionales».

Piumato, rescató la necesidad «de conformar una red, para que en esta haya un mayor despliegue del sentido solidario y del espíritu de unidad posibilitando el intercambio de experiencias exitosas en el campo de la defensa».

En el mismo sentido, defendió, la dimensión horizontal del trabajo en red porque «facilita el establecimiento, y el acuerdo de estrategias a nivel nacional, regional y global en pos del trabajo digno, la justicia y una mayor equidad en el marco de una acción solidaria».