En el marco de la Ley de Microtráfico de drogas, durante la mañana de este lunes se derrumbaron dos puntos de venta de estupefacientes en Necochea e Ivanowsky, en la zona sureste de Rosario, y otros dos en Felipe Moré al 600 bis, en el oeste. Los operativos fueron ordenados por la Justicia y contaron con la supervisión de autoridades del gobierno de Santa Fe.

El secretario de Seguridad Pública de la provincia, Omar Pereyra, se hizo presente en barrio Tablada –donde se derribaron los primeros búnkers de la jornada– y, en diálogo con los medios, entre ellos Conclusión, detalló que estos puntos de venta de estupefacientes fueron pasando “por distintas manos y bandas” y fueron escenarios de “disputas territoriales”.

Asimismo, el funcionario destacó que antes de los derrumbes se realizaron varios allanamientos que arrojaron resultados positivos. Estas pruebas fueron presentadas ante Fiscalía y tomadas por la jueza penal Silvia Castelli para autorizar los operativos.

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“Los búnker –explicó Pereyra– tienen una lógica de trabajo no permanente y se ocuparon temporariamente para la venta, no hay presencia constante de personas en los puntos de venta. Todos estos elementos probatorios están en la causa”.

Sin embargo, aclaró que más que búnkers los edificios derribados eran “puntos de venta” de estupefacientes. “Búnker –consideró– no es un concepto que cabe para estos lugares, estos son puntos de venta. Los búnkers tenían otra infraestructura mucho más rígida, un local cerrado con una ventanita, mientras que estas son viviendas usurpadas que se destinan temporariamente para la comercialización de estupefacientes”.

Mientras avanzaba la demolición en barrio Tablada, una mujer –que vive en el inmueble afectado con sus cinco hijos y tres nietos– comenzó a sacar sus pertenencias del lugar y aseguró que ni ella ni su familia venden droga, al tiempo que dijo tener el boleto de compra venta de la casa.

Al ser consultado sobre esta situación, el funcionario manifestó: “Hay una sentencia de la jueza. En los elementos probatorios presentado por el fiscal se ha constatado que hay usurpación y están todas las medidas precautorias tomadas por la Justicia para que se lleve adelante esta medida”.

Por otro lado, Pereyra destacó que se levantaron varias custodias fijas, lo que permitió tener más móviles y agentes realizando tareas de prevención y patrullaje en las calles, al tiempo que informó que ya hay “50 vehículos recuperados por el taller tercerizado móvil” que contrató el gobierno provincial.

Además, dijo que desde la gestión de Maximiliano Pullaro sabían que estas reformas en materia de seguridad iban a tener una “reacción por parte de los delincuentes”, pero aseguró que no se moverán de la política trazada por el gobernador.

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Finalmente, el funcionario se refirió a la amenaza contra Pullaro que este lunes apareció en la sede rosarina del Ministerio de Desarrollo Social e informó que, además de apuntar contra el gobernador, la nota también estaba dirigida a los trabajadores municipales que realizan la demolición de los puntos de venta. Para resguardar la seguridad de los operarios se desplegó un “importante operativo policial” en donde se realizan los derrumbes.

Doble derrumbe en Felipe Moré al 600 bis

Cerca del mediodía se procedió al derrumbe de dos inmuebles que estaban enfrentados, ubicados en la zona de Felipe Moré al 600 bis, en el oeste de Rosario. Allí habría tenido acción una banda liderada por Francisco “Fran” Riquelme, un capo narco que se actualmente se encuentra preso en el Penal de Ezeiza y que es sospechoso de haber amenzado al gobernador Pullaro.

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Ya desde la zona oeste de Rosario, Pereyra indicó a Conclusión que la jueza Castelli ordenó el derribo de cinco inmuebles, siendo los ubicados en Felipe Moré al 600 bis los dos últimos de la lista. Asimismo, reiteró que en la audiencia del pasado jueves el fiscal Franco Carbone presentó las pruebas que vinculan a estas construcciones con el delito del narcotráfico y mencionó que en estos espacios se cometieron “homicidios y balaceras”.

El funcionario sostuvo además que se comprobó que ninguna de las cinco viviendas destruidas tenía tenencia legal, aunque algunas sí estaban “usurpadas”. En esta línea, indicó que algunos edificios fueron adecuados para funcionar como aguantaderos o para que en ellos residan los líderes de las bandas.

“Algunos inmuebles presentaban dispositivos de comodidad sofisticados, como un jacuzzi y otros elementos que hablan de un lugar para alojar a líderes importantes de las bandas”, completó Pereyra.

Por otro lado, aseguró que en los operativos de este lunes solo una persona fue demorada en una de las viviendas de Felipe Moré ya que “presentó resistencia a la autoridad, comenzó a filmar y sacar fotos”.