Cientos de rosarinos se acercaron al Monumento a la Bandera este jueves para repudiar la decisión del Gobierno nacional de recortar las pensiones a más de 70.000 personas discapacitadas.

Pese a que la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, anunciara horas antes de que se produzcan las manifestaciones en todo el país de que darán marcha atrás con la decisión y revisarán caso por caso, la indignación de la gente se hizo sentir de todas formas y así lo expresaron en distintos puntos de la Argentina.

En diálogo con Conclusión, Natalia Iglesias, coordinadora del Área de Inclusión del sindicato de Empleados de Comercio, sostuvo que la decisión les generó “una gran desesperanza”, al vivir muy de cerca el recorte de pensiones.

“Sentimos desazón. Estas medidas en vez de incluir y darles herramientas a las personas con discapacidad para que se incluyan en la sociedad las apartan, las segregan, las excluyen, y creo que las personas están en deuda con las personas con discapacidad porque es muy fácil decir que vayan a trabajar, pero el trabajo no aparece y la inclusión no es real”, aseguró.

“No pasa por los cuatro mil pesos, sino por todas las terapias y las prestaciones que los chicos requieren”, aseguraron

Desde su área trabajan con 35 jóvenes que se acercan diariamente, y trabajan tanto desde el arte como con talleres de inserción laboral para darles herramientas “para que puedan salir y estar realmente capacitados”.

A su vez, sostuvo que la decisión de Stanley de dar marcha atrás “es un gran manoseo a las personas”. “Es muy improvisado, no se puede jugar con el dinero de la gente y gente que lo necesita”, cerró.

También estuvieron presentes organizaciones como “Mamás locas de amor”, quienes trabajan con chicos con síndrome de Down, y TGD Padres Rosario TEA (Padres con hijos con autismo), que aseguraron a Conclusión que si bien en su caso ninguno de los grupos llegaron a sufrir el recorte, saben “lo que es tener un hijo con discapacidad”, razón por la que decidieron “encabezar la marcha para la gente que realmente lo necesita”

“No pasa por los cuatro mil pesos, sino por todas las terapias y las prestaciones que los chicos requieren”, aseguraron.

“La pensión abarca una cobertura en la obra social. Hay chicos que necesitan pañales, alimentos, leches especiales, que son carísimas, chicos que se alimentan por zondas, y eso abarca más de 20.000 pesos en algunos casos, que sería imposible de pagar. Son irrisorias las razones por las que se hacen este recorte”, sostuvieron.

Por ese motivo es que las ONG estuvieron reunidas: “Es un gran colectivo el de la gente con discapacidad, y realmente se están vulnerando derechos que es algo que abarca la convención de los derechos de las personas con discapacidad que desde 2014 tiene rango constitucional”.

Galería de imágenes, por Darío Soldani:

 

La manifestación se replicó en Capital y todo el país

La baja de 70 mil pensiones por discapacidad por parte del Gobierno nacional generó un amplio repudio, que rápidamente comenzó a tener expresiones callejeras.  Convocada por redes sociales, la «Marcha para que no quiten las pensiones por discapacidad», tuvo su epicentro en el Obelisco y se replicó a lo largo y a lo ancho del país.

En este marco, el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los derechos de las personas con discapacidad reclamó este miércoles la «restitución inmediata» de las pensiones no contributivas suspendidas por el gobierno nacional por considerar que la medida representa «abandono de persona» y requirió que sea derogado el decreto de 1997 por no estar conforme a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El pronunciamiento que nuclea a una docena de entidades vinculadas con la atención a personas discapacitadas, como Obra de Don Orione, Comisión para las Personas con Discapacidad del Arzobispado de Buenos Aires y la Federación Converger, puntualiza que la pensión no contributiva «es un derecho y no un gasto o una dádiva» que reciben las personas con discapacidad.

Remarcan que el decreto 432/97 que busca aplicar el Ministerio de Desarrollo Social «no contempla los postulados establecidos por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad» y reclaman por «la aprobación de un nuevo decreto donde se tenga en cuenta los derechos de las personas con discapacidad allí establecidos».

«Dejar a una persona sin el beneficio de la pensión es hacer un abandono de personas, porque este medio le ha permitido encontrar algunas respuestas a necesidades esenciales. Es ignorar que es un derecho adquirido», indicaron los firmantes del documento.

Con afiches y banderas que hacían referencia a las discapacidades y necesidades económicas de cada caso, los manifestantes cortaron el tránsito en la esquina de Corrientes y 9 de Julio para reclamar la restitución inmediata de los beneficios.

Sandra contó que «esas pensiones son las que les permitían a muchos de nosotros llegar a fin de mes; yo pago un alquiler al que puedo cubrir porque todos los meses estaban los 3.600 pesos que cobra mi hija, que es hipoacúsica».

Graciela dijo que «a los 55 años a mí se me hace muy difícil que me tomen en un trabajo porque tengo dos tumores y soy hipoacúsica; el otro día me enteré que me habían sacado la pensión cuando fui al cajero y no había plata, tuve que esperar hasta el otro día que abra el banco para enterarme que me habían sacado la pensión y cuando fui a la Anses me dijeron que no correspondía porque mi marido es jubilado y cobra 8.000 pesos».