Si bien el año recién empieza y la agenda política (que seguramente será intensa en un 2019 electoral) no se mueve en demasía, uno de los debates que ocupó la escena durante la segunda mitad de 2018 en Rosario se reavivó esta semana y todo indica que será uno de los temas a resolver entre el Ejecutivo municipal y el Concejo.

Se trata de la situación de las aplicaciones (empresas) de delivery que operan en la ciudad bajo un marco regulatorio que, o bien no las contiene, o estas se aprovechan de ciertas grietas legales para funcionar sin habilitación y tener a su personal bajo condiciones laborales endebles. Los principales casos son los de Rappi y Glovo.

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Este lunes el edil Eduardo Toniolli (PJ) volvió a traer el tema a colación a raíz de la instalación por parte de Rappi en Pellegrini y Corrientes de un bicicletero “exclusivo para uso de ‘rappitenderos’” (así llaman a sus cadetes).

En las últimas semanas de 2018, representantes legales de alguna de estas firmas de “cadetería moderna” asistieron al Concejo Municipal luego de ser citados por los ediles, tras varias solicitudes de informe al municipio, relativas al estado de habilitación de dichas empresas, que no resultaron satisfactorias.

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El mismo Toniolli ya había presentado una denuncia administrativa al Ejecutivo local para que se expida sobre la situación de estas “cadeterías”, ante la demora en la definición.

Si bien no estuvieron todas representadas en el mencionado encuentro, se vivieron momentos de tensión y seguramente se repetirán las reuniones este año para intentar darle un marco regulatorio a estas aplicaciones que cada vez suman a más jóvenes a quienes se les dificulta conseguir otros empleos en el actual escenario recesivo, que agrava la situación.

Es que los concejales tampoco terminan de acordar los términos en los que las empresas funcionan. Para algunos, se aprovechan de un “vacío legal”, mientras que para otros la normativa vigente les permitiría adecuarse pero simplemente no quieren cumplirla.

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Esto en lo relativo a la habilitación, respecto a la situación laboral de los trabajadores (los consideran “autónomos”), excede a la capacidad de acción del ámbito municipal, más allá de que en general, en todo el arco político consideran que son vulnerados en sus derechos.