Vecinales y organizaciones barriales plantean una medida de fuerza en reclamo por un mejor servicio en el transporte público de pasajeros.

Distintas entidades decidieron realizar un «paro de pasajeros«, que consistirá en no abonar el boleto de colectivos durante el día miércoles 6 de abril. Y de no encontrar respuestas el 17 de abril continuarán con la medida por tiempo indeterminado.

Se trata de vecinales y centros de jubilados y comunitarios de los barrios Tablada, Echesortu, Fontanarrosa, Parque Field, Pichincha, Empalme Graneros, Supercemento, entre otras, que desde hace tiempo expresan su disconformidad con el servicio de colectivos, sobre todo después de la Emergencia en la ciudad.

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El detonante fue la reunión que mantuvieron con concejales pertenecientes a la Comisión de Servicios Públicos la semana pasada. Lejos de avanzar en soluciones, los asistentes observaron que sus reclamos fueron escuchados, pero no se vislumbran soluciones.

De hecho, en la reunión de comisión siguiente entre los propios ediles marcaron que solamente pueden tomar nota de las peticiones y pedir informes para conocer la situación actual. Pero se descartó la posibilidad de derogar la Emergencia en el transporte, tal como había pedido la concejal Silvana Teisa.

Días después, los concejales expusieron que son pocas las soluciones que pueden aportar. En el debate en el Palacio Vasallo el edil oficialista Ciro Seisas afirmó: “Levantar la emergencia no es un avance, es una decisión a fondo. La reunión con vecinos se hizo por algo que ya sabíamos que está pasando. Fuimos a escuchar, a tomar nota y a ver qué cosas sí podemos resolver y que no”. A su turno, Rueda e Irizar se mostraron a favor de la postura de Ceisas.

De esta forma, como única alternativa se decidió llamar a una reunión con representantes del Ente de la Movilidad, lo que para los vecinos no hace más que dilatar el problema y no representa ninguna solución.

Soluciones urgentes

Cansados de que las protestas y las reuniones con funcionarios en las cuales no obtienen respuestas, los vecinos decidieron utilizar una medida más extrema: no pagar.

Claudio Gershanik, referente de Vivir y Convivir en Tablada, y miembro de un grupo de 20 ONGs, manifestó en diálogo con Conclusión: «Hay barrios en los cuales no pasa ningún colectivo, como Puente Gallego, San Martín Sur. Hay barrios que quedaron aislados».

Semanas atrás el propio Gershanik, quien había sido precandidato en las elecciones a concejales pasadas, había expuesto la situación en la comisión de Servicios Públicos del Concejo. Sobre ese encuentro, explicó que «la medida es subir al colectivo y no pagarlo», al tiempo que comentó que «mucha gente ya lo está haciendo«.

«El Ejecutivo confunde una empresa de producción con una de servicios. Pero esto es un servicio público», indicó. Y agregó: «El servicio es muy malo. Así la gente no se va a subir al colectivo».

Por otro lado, contó: «Tratamos de demorar las medidas para conseguir diálogo con las autoridades. Ya tomamos muchas acciones, manifestaciones en las cuales se lograron algunas morigeraciones pero quedó el sistema actual. Y desde hace tiempo se plantea tomar medidas de fuerza«.

«Cuando propusimos que se cambie la adecuación juntamos 20 mil firmas», señaló el vecinalista, sobre la cantidad de personas que podrían adherirse.

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En este sentido, otra vecina se expresó en diálogo con Conclusión durante el encuentro entre vecinales y concejales. La referente de barrio Pichincha, Silvia Pillado consideró que el estado del transporte público está “terriblemente mal”. “Nos han dejado aislados, tenemos que caminar cuatro o cinco cuadras para poder tomar un colectivo”, completó la vecina.

Emergencia

A causa de la pandemia, en 2020 la cantidad de usuarios del transporte público de Rosario cayó cerca de un 75%, por lo que el sistema entró en una fuerte crisis, ya que el principal sostén económico del sistema era el corte de boletos. Y a pesar de que las actividades volvieron prácticamente a la normalidad, la cantidad de pasajeros, de la mano del servicio, bajó considerablemente.

Para afrontar esta situación, el 12 de noviembre del 2020 el Concejo aprobó la emergencia en el transporte, permitiendo así que el intendente Pablo Javkin tenga las facultades, por dos años, de rediseñar líneas, frecuencias, recorridos y paradas, entre otros aspectos.

Carlos “Charly” Cardozo -vicepresidente del Ente de la Movilidad y miembro de la comisión de Servicios Públicos- días atrás manifestó a Conclusión: “Recién estamos en 300.000 usuarios, cuando en pre-pandemia el numero era de 420.000. Cuando esté terminando el mes de marzo, con la universidad a pleno, vamos a estar en los 350.000 pasajeros”.

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Mientras tanto, desde el Ejecutivo se deslindaron de su responsabilidad y apuntaron a El Cacique como el responsable de esta situación, ya que según afirmaron que el 80 por ciento de las denuncias sobre el transporte recaen en líneas de esa empresa.

A pesar de los reclamos de los vecinos y la vuelta de la actividad a pleno, el servicio del transporte continúa siendo deficiente. Sin embargo, desde el Concejo se limitaron a llamar a una reunión con el Ente de la Movilidad, mientras que el Ejecutivo cargó las tintas contra la empresa El Cacique. La solución, ¿cuándo llega?