El ex fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal y el ex empleado del Poder Judicial de Santa Fe, Nelson Ugolini, fueron finalmente reimputados este miércoles por conformar una asociación ilícita integrada además por al menos, el fiscal Gustavo Ponce Asahad, el empresario Leonardo Peiti, Maximiliano D. y David P. (fallecido), Alejandro T. (condenado) y otras personas aún a no identificadas.

Según la investigación que llevan adelante los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, el objeto de la asociación ilícita era usufructuar el dinero ilícito proveniente de la recaudación generada por una red de casas de juego ilegal, que también funcionaba con apuestas en línea, y la cual estaba protegida –señalan los fiscales- por el senador provincial Armando Traferri, al cual sus fueros protegen de ser imputado en esta causa.

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Si bien Serjal ya se encontraba detenido con prisión preventiva, los funcionarios judiciales habían solicitado que siguiera en esa condición pero bajo las nuevas imputaciones, algo que fue aceptado por la jueza de primera instancia Eleonora Verón, y no sucedió con Nelson Ugolini (colaborador estrecho del también detenido fiscal Ponce Asahad), para quien los fiscales también pidieron prisión preventiva (no estaba detenido) pero quedó en “libertad con reglas de conducta”.

La audiencia de este miércoles fue desdoblada, ya que había tenido su inicio el pasado lunes, cuando luego de las exposiciones de Edery y Schiappa Pietra, las defensas pidieron tiempo para responder y se pasó a cuarto intermedio hasta la reanudación.

Con los datos de la causa hechos públicos hasta el momento, desde el Ministerio Público de la Acusación manifestaron que la asociación ilícita tuvo tres organizadores: el senador Armando Traferri, el empresario Leonardo Peiti y Serjal.

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Dicha organización, según se consigna, tuvo una duración temporal que va al menos desde el 24 de abril de 2017 (fecha en la cual se constata el primer contacto telefónico entre Traferri y Peiti) hasta el 24 de julio de 2020; su ámbito de operación –siempre según la investigación- fue la provincia de Santa Fe, concretamente en las ciudades de Rosario (principalmente), Gálvez, Villa Gobernador Gálvez, Reconquista y Rafaela.

Respecto a las actuaciones puntuales de los indicados como “organizadores”, los fiscales revelaron que Serjal era el encargado de la cobertura judicial, “quien abusando de su cargo daba directivas a Gustavo Ponce Asahad (también fiscal) sobre las medidas tendientes a asegurar impunidad a Peiti en causas vinculadas a juego ilegal”.

En cuanto a Armando Traferri, sostienen que “le aseguraba a Leonardo Peiti la continuación de la organización, la cobertura judicial para su funcionamiento y otros favores ilícitos.”

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Por su parte, Peiti es señalado como el responsable de la organización de recursos económicos, materiales y humanos “para montar una empresa ilícita destinada a la organización de juego clandestino en diferentes modalidades. Era el encargado de seleccionar al personal a su cargo, ordenar las tareas de organización del negocio, proveer el software con el que debían funcionar los dispositivos electrónicos existentes en las salas de juego clandestinas (casinos), recolectar el dinero producido de esas actividades, invertirlos y ocultarlos de los alcances de los registros financieros y tributarios legales y acordar con las autoridades políticas y judiciales la protección del negocio ilegal.”

Para ese fin, los investigadores aseguran que fue clave la participación del senador Traferri, “quien aprovechando sus influencias se encargó de vincular a Peiti con Serjal y Ponce Asahad para lograr construir una red de cobertura judicial a la asociación ilícita de juego ilegal.”