Por Fabrizio Turturici
El fallo de la Corte que puso un freno al tarifazo de gas sigue ocupando un lugar central en el debate público. Aunque necesarias por el festín irresponsable que organizó el gobierno pasado en este sentido, las brutales y mal implementadas medidas económicas de Cambiemos para subsanar el cuadro tarifario son un tema latente no sólo en el ámbito político, sino también en el corazón de la sociedad.
Es que el hecho puede ser abordado desde varios puntos de vista: tiene su costado político, que resulta axiomático por su obviedad; su contracara judicial, que puso en vidriera buenos indicios; y su carácter fiscal, quizás el más medular de esta maraña que se originó con el freno al aumento del gas y su posterior derivación a las audiencias públicas, a celebrarse el próximo 12 de septiembre.
En primer orden, que el gobierno sufrió un revés político duro de asimilar ya no hay quien lo discuta. Aunque voceros y funcionarios se paseen por los medios de comunicación diciendo lo contrario (una importante diputada nacional del oficialismo declaró a este diario que “no es una derrota política ni mucho menos”), desde las entrañas de la Casa Rosada admiten en secreto que el cachetazo que le proporcionó la Justicia se hizo sentir en las mejillas de Cambiemos. Tanto es así que un día después se reunió la mesa chica para replantear la estrategia: Juan José Aranguren no fue invitado a la misma.
El más sorprendido por el fallo de la Corte fue el mismo Mauricio Macri. Al finalizar su habitual partido de fútbol en la quinta de Olivos, el presidente se había ido a dormir tranquilo, confiando en el falso adelanto de sus operadores en el Poder Judicial. Evidentemente estaban mal informados; no es la primera vez que sucede. Ya había ocurrido con la designación por decreto de los jueces, cuando Macri se fió de la palabra “sagrada” de sus asesores legales y luego tuvo que borrar con el codo lo que había firmado con la mano, desdecirse y sufrir las consecuencias políticas, coletazos que partieron de una orientación errónea.
En lo concerniente al respeto por las instituciones republicanas, no obstante, el gobierno sale bien parado de esta jugada, tras acatar el fallo sin pataleos. Prima facie se interpreta que el macrismo no opera con la Justicia, ni la avasalla, sino que la dejan obrar con libertad tal como el sistema democrático impone. De nada significó la reunión pública que Macri tuvo con el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti; tampoco que haya designado él mismo al santafesino Horacio Rosati, quien falló en contra de su “padrino” político como toda la Corte, en unanimidad. Luego de tantos años de sometimiento es un buen síntoma de cambio y mejoría.
En otro plano, resulta tragicómico que los fanáticos macristas que ayer se horrorizaban del atropello kirchnerista hacia los resortes institucionales, hoy actúen de idéntica manera al catalogar al máximo tribunal de “populista”. También hace ruido el reclamo de algunos –muy pocos- funcionarios molestos por la decisión judicial, ya que el republicanismo fue una de las bases por las que este partido ganó las elecciones y hoy muestran un grado de intolerancia inaudito.
Dejando sentados los ribetes políticos y judiciales de este asunto, resulta conveniente abordar su costado más importante, que son las repercusiones económicas y fiscales que tendrá este freno al tarifazo. Ya había anticipado el ministro estrella, Alfonso Prat Gay, que en caso de no poder llevar adelante con prosperidad la subas de tarifas debían buscar otras alternativas de caja y esa, de boca del ministro de Hacienda, era “suspendiendo la obra pública”. No parece una de las decisiones más felices en este panorama social tan complejo, puesto que la mencionada representa una fuente de trabajo inmensa.
La Corte dejó sin efecto el aumento exclusivamente para los usuarios más desprotegidos, que representan un 27% de la demanda, y no así a pymes y recuperadas, que ya están urdiendo un plan conjunto para apelar a la Justicia. De todas formas, la cifra del 27 por ciento no es menor y el monto total que pierde el gobierno es significativo y trajo un fuerte dolor de cabeza para Macri, a quien le derrumbaron su plan económico y fiscal. El agujero que se origina es de $20.000 millones. Ahora, el gobierno tendrá que salir a buscar alternativas sobre la marcha con un lastre más sobre la espalda.
Cambiemos está aprendiendo a gobernar gobernando. Pero, ¿hasta qué punto es peligroso esto? Sobre el hecho de abusar del prueba y error, como dijo un tuitero, sería bueno que se diera más seguido el “prueba y acierto”. Macri debería nutrirse de información precisa antes de tomar decisiones al voleo; en cuanto a las tarifas, ya le habían anticipado desde su entorno cercano que llame a audiencias públicas antes de firmar el aumento en las tarifas. Desoyó y lo hizo con necedad, secundado por Aranguren y los de su palo. Es tiempo de que el presidente comience a escuchar más a su ala política y no tanto a la técnica. El país no se maneja con una planilla de Excel y la sensibilidad social, en tiempos complicados para el bolsillo, no debería menospreciarse.
