Aldo Battisacco – Conclusión Buenos Aires

El abogado especialista en Seguridad Social, Facundo Fernández Pastor analizó con Conclusión los alcances del proyecto de la denominada Ley Ómnibus, que fuera enviada por el Ejecutivo al Congreso de la Nación y que será debatido en comisiones en el ámbito de las dos Cámaras. El paquete propone regulaciones y reformas estatales, la eliminación de la fórmula de movilidad que actualiza las jubilaciones y otras prestaciones sociales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cada 3 meses.

«Hoy más que nunca, lo que hay que hacer es ir a buscar a los legisladores, del peronismo, del radicalismo, de los partidos provinciales, y reclamarles que les digan cómo van a votar. Si van a votar defendiendo los derechos de los trabajadores, de los jubilados, o van a votar defendiendo los derechos de los amigos que están expresamente legislados en la ley. Porque en esto hay que ser claros, el decreto 70/23 tenía artículos con nombre y apellido, y la ley tiene artículos con nombre y apellido. Entonces, no están yendo contra la casta. Están sacando decretos y leyes para la casta económica de la Argentina», interpeló el especialista. .

«El DNU 70/23 declara la emergencia en materia provisional, lo que le permite al Ejecutivo -como es su momento la ley de reparación histórica impulsada por Mauricio Macri- modificar o derogar la ley de movilidad jubilatoria», precisó el letrado.

Además, apuntó que el texto de la norma «establece que se suspende por dos años o hasta que el gobierno dicte un decreto que establezca un nuevo sistema de actualización automático, para las prestaciones del artículo 17 de la ley 24.241 que son la PBU, PC, PAB, la jubilación por invalidez y las pensiones ´por viudez».

La seguridad social es sustentable cuando el gobierno lo decide

En la misma línea, Fernández Pastor amplió su explicación y especificó que «el resto de los beneficios de la seguridad social, que actualiza por el artículo 32 de la ley 24.241 no dice como se aumentaran esos beneficios, a saber: pensiones no contributivas, asignaciones familiares que cobran los trabajadores en relación de dependencia, AUH o prestaciones por desempleo».

Hasta que se establezca un nuevo sistema para aumentar los haberes, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de hacerlo por decreto.

El Magister en Seguridad Social señaló que el proyecto que ya está en manos de los legisladores «plantea que hasta que se dicte el decreto, se otorgarán aumentos por decreto teniendo en cuenta dos principios, la equidad y la sustentabilidad económica, aclaro que esta última no es un principio de la seguridad social, de esto hablan los economistas, la sustentabilidad es una decisión política».

Cada vez que la derecha gobernó el país -como ahora- fue por la plata de los jubilados

«Pretenden desfinanciar el sistema para privatizarlos, así lo propuso Milei en campaña, quiere volver al sistema de AFJP, otro artículo transfiere el Fondo de Garantía de Sustentabilidad al Tesoro, para que se confunda con este. Ese fondo que debería haber aparecido cuando no alcanzó la formula de movilidad para los beneficios de la seguridad social cubrieran la inflación, no fue utilizado por el gobierno de Macri ni de Alberto Fernández, lo podría haberlo hecho Milei pero prefirió no hacerlo, decidió no aumentar los beneficios y suspender la formula de movilidad, busca quebrar el sistema».

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