La ex senadora nacional Magdalena Odarda advirtió: «Es la hora de los infames traidores a la Patria»
Sobre la reforma de la Ley de Tierras, Magdalena Odarda, reflexionó a horas de una votación clave en el Senado, sectores opositores advierten que el kirchnerismo de la “defensa soberana” quedó atrás y que, con un proyecto que apuntaría a tocar la Ley 26.737, podría abrirse paso a la compra de tierras por parte de intereses externos, con especial foco en áreas de agua dulce y zonas de frontera.
- Conclusión en Buenos Aires
- Por Aldo Battisacco
- Jul 15, 2026
La exsenadora nacional y actual legisladora de Rio Negro María Magdalena Odarda, sostuvo que “Argentina, esta a pocas horas de perder la única herramienta que defiende la tierra rural y las fuentes de agua dulce de las garras de los intereses foráneos”.
Según planteo, la defensa de la soberanía “siempre ha sido política de Estado en nuestro país durante la vigencia de los gobiernos democráticos de raigambre popular. Siempre, hasta la asunción del Presidente Javier Milei”.
En ese marco, la exlegisladora expresó que se invoca el principio de “integridad territorial” para sostener que “ningún Estado extranjero puede comprar parte del territorio argentino, ni por sí, ni por ‘interpósita persona’”.
Esa idea habría sido, en 2011, el motor de la sanción de la Ley 26.737, descripta como un dique contra el avance del capital externo sobre la tierra: “Ese fue el espíritu con el que la democracia participativa parió la ley 26.737: ‘Régimen de Protección de Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las tierras Rurales’ en el año 2011”.
Para quienes sostienen la advertencia, la norma “tuitiva” buscó frenar “el proceso de extranjerización y concentración de la tierra argentina que azotaba a la Argentina desde la última dictadura cívico militar”. En esa línea, señaló que “Leyes débiles y permisibles habían facilitado que millones de hectáreas pasaran a manos de capitales extranjeros y con ellas, fuentes de agua y bienes naturales de alto interés estratégico para la Nación”.

La Ley 26.737, se indica, “entre otras especificaciones, determina un porcentaje del 15% para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, penaliza la figura del testaferro y prohíbe que se adueñen de predios con fuentes de agua dulce o ubicados en áreas de fronteras por cuestiones de soberanía y seguridad nacional”.
Sin embargo, Odarda advierte que el debate actual reabre una vez más la discusión por el territorio: “Pero en plenas vacaciones de invierno y en medio del Mundial de futbol, la historia se repite”.
Para quienes comparan el clima político con episodios anteriores, el riesgo sería institucional: “no dejará de oscurecer el recinto del Senado de la Nación en las próximas horas” y se afirma que “Este próximo 16 de julio de 2026, será la fecha en que varios Senadores permitirán el irreversible remate de patrimonio argentino al ‘mejor postor’”.
También se anticipa una consecuencia penal en el marco de esa lectura: “A partir de allí, ninguno de ellos, podrá esquivar el rótulo de Infames Traidores a la Patria, delito tipificado en los arts.214/215 ‘a’ del Código Penal”.
De acuerdo con la advertencia, el ataque a la norma no arrancó con Milei: “Pero el ataque a la ley de tierras no comenzó con Milei. Se inició cuando el ex presidente Mauricio Macri dictó silenciosamente el decreto 820/2016, flexibilizando el contenido y alcance de la ley 26.737”.
En su postura pública la legisladora situó un nuevo momento en Río Negro: “En la Provincia de Río Negro, el año 2017 fue un mojón en el nuevo proceso de extranjerización de tierras” y describe “el ingreso de nuevos actores provenientes de países del Golfo Pérsico camuflados bajo figuras jurídicas que comenzaron a aparecer como hongos en el paisaje cordillerano”.
Desde esa perspectiva, en este esquema operarían “los propios Estados extranjeros”, que “mediante maniobras y triangulaciones, compraron tierras utilizando como pantallas ‘personas humanas o jurídicas interpuestas’ constituidas en nuestro país, simulando en forma ilícita y fraudulenta una ‘nacionalidad figurada’ con la finalidad de infringir la legislación vigente. (art. 6 ley 26.737)”.

Odarda sostiene que el contexto internacional habría sido facilitador: “Las negociaciones con el Estado de Emiratos Árabes Unidos y con Qatar comenzaron a desenvolverse como engranajes bien aceitados y a la vista de todos: viajes y visitas oficiales, fotos por doquier, la presencia inesperada en el Congreso Nacional de Jeques árabes, la llegada de las máximas autoridades de ambos países a sus ‘posesiones’ en Argentina”.
Y agregó que “Quizá lo que no se dijo fue lo obvio para el pueblo argentino: el verdadero fin fue diseñar una arquitectura de entrega eficiente, y para ello, era necesario destruir los escollos existentes para dar vía libre a extranjeros para la compra de tierras con presencia de agua dulce, de litio, de oro, petróleo, gas, ‘tierras raras’”.
Entre los “obstáculos” a remover, menciona especialmente a las comunidades: “Entre esos obstáculos a destruir, no solo cuentan las comunidades indígenas que ocupan ancestralmente su territorio, sino la incómoda ley 26.737”.
La advertencia entonces apunta un saldo territorial: “la conclusión es que, luego de aquel decreto de Mauricio Macri y transcurridos 10 años desde entonces, más de 70.000 hectáreas de nuestro territorio rionegrino ya pertenece a Estados Extranjeros”.
A la vez, afirmó que el problema exigiría reacción institucional: “lo cierto es que ninguna autoridad constitucional puede traspasar sus límites”.
Por eso, lo inmediato se ubica en el Congreso: “Por ello, lo que suceda en el Congreso de la Nación en las horas siguientes será clave para ‘blanquear’ estas operaciones inmobiliarias fraudulentas y profundizar el proceso de entrega del territorio”.
La exsenadora, señaló que el mecanismo político estaría ligado al Senado y a un proyecto con nombre alternativo: “A través del juego del ‘tome y daca’ que ha caracterizado la noción de ‘federalismo’ del Gobierno de Javier Milei- el Senado se apresta a votar el nuevo proyecto de ley –que con el pomposo nombre de ‘inviolabilidad de la propiedad privada’, ataca el corazón de la ley Ley 26.737”.
Para luego finalizar con una sentencia contundente: “Si el proyecto de ley es votado favorablemente, los Senadores y senadoras que lo permitan ejecutarán un hecho claramente dirigido a someter a la Nación al dominio extranjero, menoscabando en forma irreversible la independencia y la integridad territorial de la Patria”.
Finalmente, María Magdalena Odarda remató: “La historia no los absolverá”.

