Las Cámaras de Senadores y Diputados de la provincia resolvieron este jueves la remoción de sus funciones del fiscal adjunto de la Segunda Circunscripción, Gustavo Ponce Asahad, y la suspensión del fiscal adjunto de la Tercera Circunscripción, Mauro Blanco.

En una sesión conjunta realizada bajo modalidad mixta, con parte de sus miembros participando de manera presencial y el resto de manera remota, se dio aprobación a los dictámenes de la Comisión de Acuerdos que aconsejaba dichas resoluciones.

Las Cámaras dieron visto bueno al dictamen presentado por el vicepresidente de la Comisión de Acuerdos, el diputado Pablo Farías. Así, los legisladores aprobaron el dictamen presentado por el presidente de la Comisión de Acuerdos, el senador Raúl Gramajo. De esta manera, resolvieron remover de sus funciones por mal desempeño de las mismas al fiscal Ponce Asahad e inhabilitarlo para acceder al MPA por diez años.

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Además se resolvió suspender al fiscal Blanco por 180 días por mal desempeño de sus funciones, con expresa prohibición de ingresar al ámbito físico de cualquier dependencia del Ministerio Público de la Acusación, y suspender trámite del proceso disciplinario, que se reanudaría si a juicio de la Comisión surgieran elementos que admitan proseguirlo.

Ponce Asahad se encuentra en prisión preventiva acusado de la comisión de delitos contra la administración pública, con la participación de Patricio Serjal en carácter de Fiscal Regional. Según la causa, los fiscales ejecutaron un plan cuyo objeto fue recibir dinero de Leonardo Peiti, quien se dedicaba al juego clandestino. A cambio se comprometían a transmitir información reservada, no investigar hechos que podrían constituir delitos y/o protección judicial.

Según el Ministerio Público de la Acusación desde al menos marzo de 2019, Patricio Serjal acordó con Leonardo Peiti que quien se encargaría de mantener vínculo con él a los fines de cumplir con el pacto sería Gustavo Ponce Asahad reafirmando su acuerdo. Además le pidió 100 mil dólares para evitar que prospere la investigación en su contra y que el mismo quedara como víctima.

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En tanto, se le imputó en cumplimiento del plan común pergeñado, haber omitido actos propios de sus funciones que debían realizar conforme el cargo y la función que ostentaban. A sabiendas de que Peiti era víctima de hechos violentos contra su persona en los que Maximiliano D. (ya imputado) y/o allegados le reclamaban dinero a cambio de no dañarlo o a su familia.

Así el imputado no inició una investigación penal y no dio aviso a las autoridades a cargo de la investigación de los delitos y/o no aseguraron la integridad de víctimas y testigos de delitos conforme la ley se lo impone.