Aseguran que un funcionario de la Oficina Anticorrupción es abogado del “jefe para-estatal” de la Andis
Las novedades del escándalo que ya eyectó a una decena de integrantes del Gobierno se desprenden de un papel que apareció pegado en una heladera.
La causa que investiga el funcionamiento de una supuesta red de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) durante la gestión de Diego Spagnuolo sumó un nuevo capítulo esta semana. Un papel que la Justicia encontró pegado en la heladera de la casa de Miguel Ángel Calvete, hombre nombrado en el expediente judicial como «jefe para-estatal» del organismo, señala que un funcionario de la Oficina Anticorrupción estaría envuelto en la trama.
El abogado Camilo Cordero Fabbri aparece en dicho papel como el número de contacto al que hay que acudir en caso de que se produzca un allanamiento en ese domicilio, pero el letrado trabaja para la OA, lo que lo depositaría en ambos lados del mostrador.
Los investigadores, al allanar la casa de Calvete, encontraron estas instrucciones pegadas en la heladera: “Cualquiera que pregunte por Indecom, Finfox, Profarma, Reposane, Bimax, Miguel Calvete o Guadalupe Muñoz (pareja de Calvete): ACÁ NO ES. Si es allanamiento (AVISAR), pedir antes de abrir orden de embargo o allanamiento, sacar foto y consultar Dr. Camilo Cordero Fabbri (en el papel está su número de teléfono), Dr. Norberto Manuel Abeledo (con otro número telefónico)”.
El problema aparece cuando se identifica que el hombre al que había que llamar en caso de tener problemas judiciales es funcionario de la Oficina Anticorrupción y está a cargo del área de Admisión y Derivación de denuncias de la OA.
Papel hallado en la heladera de la casa de Miguel Ángel Calvete. (Documento presente en el expediente judicial)
En síntesis, la persona a la que el fiscal Franco Picardi identifica como «jefe para-estatal» de la Andis tenía anotado un instructivo de qué hacer en caso de que llegue un allanamiento a esa vivienda.
Una decena de funcionarios ya salieron eyectados de sus cargos en las últimas semanas por el avance de la investigación sobre esta red que, según el fiscal, direccionaba compras y fijaba sobreprecios en la órbita de la Agencia Nacional de Discapacidad.
Entre los funcionarios que dejaron sus puestos hay tres familiares de Miguel Ángel Calvete. La primera en abandonar el gobierno fue su hija Ornella, que hasta entonces era directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial. En un allanamiento a su vivienda, le encontraron 700.000 dólares en efectivo, pero además aparece en los chats peritados por la Justicia advirtiéndole a su padre sobre la presencia de policías en la planta baja de su casa.
Posteriormente también fueron desplazados la abogada Susana Calvete -hermana de Miguel Ángel-, que era funcionaria dentro de la Secretaría de Coordinación de la Producción que maneja Pablo Lavigne, y Javier Cardini -novio de Ornella-, que dejó esta semana el cargo de subsecretario de Gestión Productiva del Ministerio de Economía. Todos los mencionados llegaron a esos lugares a partir del arribo de Javier Milei a la presidencia.
En contraste con esto último, Cordero Fabbri es alguien que cumple tareas en la Oficina Anticorrupción hace alrededor de diez años (según su declaración jurada ingresó en 2016). Faltaría tener en claro cuándo fue que comenzó su vínculo con Calvete, quien también resultó condenado en una causa por «facilitación del ejercicio de la prostitución». Según el diputado nacional Rodolfo Tailhade, en dicho proceso el hombre de la OA también se hizo cargo de la defensa.
El abogado Camilo Cordero Fabbri.
Declaración Jurada de 2020 de Cordero Fabbri presentada ante la Oficina Anticorrupción.
La causa que investiga una supuesta red de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad se disparó tras la filtración de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, entonces titular del organismo, en los que se lo escucha describir un entramado que tendría múltiples beneficiarios, entre ellos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
La Justicia de momento inició el proceso investigativo de abajo hacia arriba, con el objetivo de contar con todos los elementos posibles antes de avanzar sobre actores de mayor peso institucional dentro del organigrama estatal. Con ese fin, hace unos días comenzó a indagar a más de una decena de personas, entre las que hay funcionarios, ex funcionarios y empresarios del sector farmacéutico.
¿Qué dijo el fiscal sobre el papel?
El papel que se menciona en este artículo, y que apareció en la heladera de Calvete, figura en la página 67 del documento del Ministerio Público Fiscal con el que Franco Picardi pidió las indagatorias de los involucrados.
Junto a la imagen, el fiscal hace algunas consideraciones: «En primer término, corresponde señalar que Miguel Ángel Calvete es titular y posee fuertes vinculaciones con diversas firmas que comercializan medicamentos e insumos PACBI con la Andis, principalmente en Indecomm SRL y Profarma SA».
«En ese sentido -continúa- es preciso señalar que durante el allanamiento realizado en el domicilio de Calvete se encontró un papel pegado en la cocina en el que figuran las firmas con las cuales mantiene fuertes vinculaciones, entre ellas algunas que proveen medicamentos e insumos al a Andis (Indecomm SRL y Profarma SA)».
A este material se suman los cuadernos con anotaciones de puño y letra que se obtuvieron en el allanamiento a la casa de Calvete, procedimiento realizado el 9 de octubre pasado, y las conversaciones peritadas con diversos actores destacados del mundo de las droguerías y firmas proveedoras de insumos (Ortopedia Sagués; MED-EL; Ortopedia Alemana; New Farma SA; entre otras).
Con base en eso, Picardi sostiene que «es posible afirmar que Miguel Ángel Calvete no solo operó en beneficio de sus empresas, sino que fue un verdadero articulador de la organización ilícita. Es más, él fue el principal garante de su despliegue y funcionamiento».
«Miguel Ángel Calvete coordinó un esquema de trabajo ilegal, con el objeto de concretar adjudicaciones PACBI y a cambio, gestionar pagos desde y hacia diversas droguerías y firmas. Todo ello, dio cuenta de que su función operó más allá del interés de sus firmas vinculadas», remató el fiscal.