Tras las masivas y contundentes marchas que tuvieron lugar durante la tarde de este martes en todo el país en reclamo de un aumento de presupuesto para las universidades públicas –que está congelado desde septiembre de 2022–, el gobierno de Javier Milei intentó cambiar el eje del reclamo e instaló la necesidad de auditar los gastos de las casas de estudios. En este sentido, el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, aseguró que estos controles ya existen y, por ley, la entidad encargada de llevarlos adelante es la Auditoría General de la Nación (AGN).

El rector de la UNR participó este miércoles en el programa “Soñé que volaba”, que se emite por el canal de streaming OLGA y, en relación a las auditorías, aclaró: “Hay mucha intencionalidad en todo lo que se dijo. Para mí se busca desprestigiar la universidad porque eso después justifica el desfinanciamiento. Dicho esto, las universidades somos auditadas. La ley establece que el organismo competente es la Auditoría General de la Nación, que efectivamente hace los controles. Además, tenemos auditorías internas. Todo esto está establecido por ley, no podemos elegir si hacerlo o no. Nos caben todos los controles de la administración pública”.

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En este sentido, Bartolacci aseguró que las universidades no se niegan a ser auditadas y, si el Gobierno quiere cambiar o agregar requisitos, están abiertos a sentarse a discutir. “Son recursos públicos y hay que administrarlos bien. No hay manera de explicar que hayamos llegado vivos a abril del 2024 con un presupuesto a valores de septiembre del 2022 con una inflación del 300%, si no es porque optimizamos recursos”, observó.

En otros temas, el rector fue consultado por la presencia de extranjeros en las universidades argentinas y apuntó: “El porcentaje es realmente marginal. En la UNR estamos hablando de alrededor del 5% del total de los estudiantes. Hay un fenómeno particular en la Facultad de Medicina con estudiantes de Brasil, que hay que atenderlo. Pero también hay un dato económico, porque a Rosario le vuelve más de la mitad del presupuesto que genera la Universidad a lo largo del año por la presencia de estudiantes extranjeros”.

Números en rojo: el motivo de una marcha contundente

El referente de la UNR también explicó cómo funcionan las universidades: “Tenemos una cuota de gasto de funcionamiento, que es lo que manda el Estado mes a mes para que podamos afrontar el pago de servicios públicos, mantenimiento de edificios, becas, comedores, residencias para estudiantes, desarrollo de la investigación, todo lo que hace la universidad por fuera de pago de salarios. Eso lo manda en doce cuotas, pero cada partida estuvo, hasta marzo de este año, en valores de septiembre de 2022”.

“Hubo un incremento del 70% en la cuota de marzo que es un aliciente, porque 70% es más que cero, pero es menos que 300%, que es lo que fue la inflación desde septiembre del 2022 hasta ahora”, explicó el rector, quien también aclaró que en el 2023 no hubo un aumento presupuestario, pero a fin de año se entregaron dos cuotas adicionales.

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“En la UNR durante enero, febrero y marzo del año pasado tuvimos que pagar 80 millones de pesos solo de luz. Este año en el primer trimestre pagamos 250 millones de pesos y tenemos que hacer frente a ese pago con la misma plata”, ejemplificó el rector, quien además señaló que estos números refieren a meses donde la actividad académica no fue plena, por lo que auguran un incremento tarifario más notable en las semanas venideras.

Al ser interrogado sobre cómo se pagan estos servicios al no disponer de la plata, Bartolacci ilustró: “El Estado nos asigna un crédito presupuestario en enero. Supongamos que a la UNR le corresponden 100 para este año, y todo lo que vas haciendo, como licitaciones, compras, servicios públicos, lo vas imputando contra ese crédito presupuestario. El problema es que como la inflación es tan alta y eso está congelado, hay un momento de que por más voluntad que tengas no tenés de dónde imputar”.

La universidad pública, una bandera a defender

El Licenciado en Ciencia Política puso en números la importancia de la educación pública: “Entre el 70% y 75% de los estudiantes en Argentina no podrían estar cursando una carrera universitaria si no fuera pública. Por supuesto que hay gente que podría colaborar, pero hace rato que el país definió un modelo, que está garantizado y resguardado por la Constitución y por la ley. Las universidades no podemos cobrar porque la normativa nacional establece que la educación universitaria pública es gratuita. Con el 0,22 o 0,30 del Producto Bruto Interno (PBI) de la Nación nosotros garantizamos que un pibe tenga la posibilidad, según su deseo, de estudiar una carrera universitaria y sin ninguna restricción”.

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Al ser consultado por la reunión que el próximo martes 30 de abril tendrá con representantes del Gobierno nacional, Bartolacci adelantó: “Queremos laburar con las autoridades educativas para resolver el problema. Vamos a poner la mejor voluntad del mundo para hacer un acuerdo razonable y que nos den lo que la inflación se está comiendo. Estamos abiertos a discutir posibilidades y opciones, el problema es que eso nunca pasó. Si nos dicen que no hay un mango, pero que podemos ver cómo hacemos para llegar a fin de año, perfecto, lo laburamos. El problema es que acá solamente nos dan respuestas negativas”.

Auditorías: la pelota quedó del lado del Congreso

El titular de la AGN, Juan Manuel Olmos, habló este miércoles con Radio Mitre y manifestó que para controlar los gastos de las universidades se necesita la autorización de una Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso, integrada por diputados y senadores.

“En este momento se están iniciando auditorías en las universidades de Jujuy, Formosa, Córdoba, Salta, Nordeste y La Plata”, afirmó el funcionario.

La AGN, además, informó que en los últimos diez años se realizaron inspecciones en los presupuestos y en las gestiones de las universidades. Estos controles se efectuaron sobre la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional del Litoral (UNL), la Universidad Nacional de Rosario (UNR), y las universidades de José C. Paz, Tucumán, Formosa y Jujuy.