La denuncia que el gobierno nacional hizo contra el exdirector de Operaciones de la ex-SIDE Antonio Stiuso por presuntamente haber ocultado información en el caso AMIA quedó a cargo del juez federal Julián Ercolini.
La causa estaba en poder del magistrado federal Rodolfo Canicoba Corral, pero cambió a manos de su par Ercolini por decisión del presidente de la Cámara Federal porteña, Martín Irurzun, al resolver un conflicto de competencia entre ambos.
La denuncia contra Stiuso que tenía Canicoba Corral la habían hecho el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli, y su segundo en el cargo, Juan Martín Mena.
En el juzgado de Ercolini tramitaba una denuncia del exjefe de la ex-SIDE Miguel Ángel Toma en contra de las actuales autoridades de la central de inteligencia, entre ellos a su exintegrante Héctor Icazuriaga.
«Resulta conveniente que ambos expedientes tramiten en forma conjunta. Ello permitirá realizar una evaluación integral de los eventos denunciados en una y otra actuación favoreciendo su dilucidación y evitando el posible dictado de resoluciones contradictorias», Sostuvo Irurzun.
Canicoba Corral investigaba a Stiuso por supuesto abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, luego de que impulsara la causa el fiscal federal Juan Pedro Zoni.
Si bien ante el planteo de competencia Ercolini decidió que la causa debía quedar en poder de Canicoba Corral, la Cámara resolvió que sea el primero quien investigue.
«No escapa a esta presidencia que los actuados en trámite por ante el Juzgado Federal nro. 6 se iniciaron con anterioridad. Sin embargo, un correcto análisis del asunto, permite aseverar que pues conjugándose ambas hipótesis delictivas, los hechos de esta causa aparecen como aquellos primeramente cometidos», sostuvo el titular de la Cámara.
«En virtud de ello, es que deberá ser el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 10 el que continúe con el trámite de esta causa y la nro. 3217/15, pudiendo hacerlo –de estimarlo conveniente- sin ser acumuladas», añadió.
La acusación que pesa sobre Stiuso es por no haber hecho un informe sobre 40 millones de llamados al exterior entre 1992 y 1996 que el fallecido fiscal federal Alberto Nisman le había pedido entrecruzar.
