Conclusión en Buenos Aires
La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados se reunirá hoy para comenzar a diseñar una agenda de reuniones para iniciar el análisis del fallo de la Corte Suprema sobre coparticipación federal que benefició a la ciudad de Buenos Aires.
La comisión que preside Carolina Gaillard (Frente de Todos) convocó para las 11 a los integrantes de ese cuerpo para iniciar ese debate, una vez concluido el análisis de las irregularidades en la obra social de los trabajadores judiciales, que demandó 6 reuniones y la presencia de 17 testigos.
El oficialismo buscará establecer una línea de tiempo entre la demanda que le inició el Gobierno porteño a la administración nacional y el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Así lo anticipó el diputado nacional Eduardo Valdés:
Fuentes parlamentarias adelantaron que el oficialismo sostendrá que la resolución judicial benefició al Ejecutivo de Horacio Rodríguez Larreta luego de negociaciones entre el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, y el gobierno capitalino a través de su asesor Silvio Robles.
Esa situación, recordaron, se dio a fines del año pasado cuando los integrantes de la Corte Suprema firmaron una medida cautelar que ordenó al Gobierno de Alberto Fernández que aumentase a 2,95 la coparticipación porteña.
En ese sentido, el oficialismo buscará sumar a esa situación los chats que se conocieron mediáticamente entre Robles y el exministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, que llevaron al FdT a iniciar el proceso de juicio político a los integrantes de la Corte.
En la reunión, los diputados del oficialismo podrían además poner en consideración la citación al juez de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda, para que responda por el supuesto mal desempeño en sus funciones como supervisor de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn), planteada por el FdT en el último encuentro de la comisión.
Para el bloque oficialista, existen «suficientes pruebas de la participación del juez Maqueda respecto de las imputaciones de mal desempeño y posible comisión de delitos en el marco de las funciones de fiscalización de la gestión ejercidas».
El pedido señala que dichas actuaciones se refieren «al período comprendido entre el 7 de abril del 2008 y el 31 de agosto del 2021 en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación».
