Conclusión Buenos Aires
La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados decidió pedir a la justicia la comparecencia “por la fuerza pública” del exdirector de la Obra Social del Poder Judicial (Ospjn), Aldo Tonón, al abrir una nueva audiencia por el proceso contra los integrantes de la Corte Suprema.
La reunión de la comisión, que preside Carolina Gaillard (Frente de Todos), se inició a las 15.20 con el fin de tomar declaración a una nueva tanda de testigos convocados con el foco puesto en las presuntas irregularidades cometidas en la obra social de los judiciales.
Si bien para la reunión de este miércoles había sido citado para completar su testimonio de la semana pasada Héctor Marchi, el desplazado administrador del máximo tribunal, esta convocatoria será reprogramada para la semana próxima dado que debe presentarse a declarar ante el juez federal Ariel Lijo en la causa por el manejo de los fondos de la obra social.
Nuevamente, como sucedió en la última reunión, se ausentaron Tonón y el secretario letrado de la Corte, Sebastián Clérici. Tampoco concurrió el contador Nicolás Serafini, que firmaba los balances de la obra social.
Al iniciarse la reunión, Gaillard puso a votación la propuesta de pedir a la justicia que Tonón sea obligado a comparecer “por la fuerza pública”.
El exfuncionario no concurrió en tres oportunidades con el argumento de que tiene una causa judicial por este mismo tema y cualquier declaración afectará su defensa.
Clérici y Serafini argumentaron problemas personales y pidieron reprogramar la citación. También se convocó al director de Informática de la Corte, Andrés Sacchi; a María Betina Bonuccelli, funcionaria del tribunal, y a Valeria Díaz, afiliada a la obra social.
La titular de la comisión, Carolina Gaillard, explicó que “el doctor Tonón ha enviado una nota donde justifica su no comparecencia aduciendo que tiene causas judiciales en trámite y no procedería citarlo por la fuerza pública”.
“En la reunión anterior se definió que se le reiteraba la citación después de dos citaciones a las que no había comparecido, bajo apercibimiento de que si en esta oportunidad no comparecía se iba a dar conocimiento al juez”, recordó la oficialista y subrayó que “así lo establece el reglamento interno de la comisión que, ante la no comparecencia de un testigo en reiteradas oportunidades, lo que se hace es comunicar la ilicitud al juez. Por lo cual se le comunicará al juez la no comparecencia del doctor Tonón y se le pedirá que asista a la comisión con la fuerza pública para la próxima reunión”.
Juan Manuel López, y el oficialista Rodolfo Tailhade se cruzaran por la ausencia del exadministrador de la Corte Suprema, Héctor Marchi.
Marchi pidió reprogramar su citación para la próxima semana, ya que fue convocado para este mismo miércoles por el juez federal Ariel Lijo, para declarar en la causa por irregularidades en la obra social del Poder Judicial.
La de hoy es la duodécima reunión de la comisión de Juicio Político desde que se inició el trabajo de ese cuerpo parlamentario, el 26 de enero pasado, para determinar si los jueces del máximo tribunal incurrieron en mal desempeño de sus funciones.
En la última reunión, y tras el desplazamiento de su cargo, Marchi denunció ante los legisladores una “sanción encubierta” y “amenazas” contra funcionarios de los Tribunales.
Tras la investigación por las supuestas irregularidades en la obra social de los judiciales, la comisión iniciará el análisis del fallo que benefició a la ciudad de Buenos Aires por los fondos coparticipables adicionales que el expresidente Mauricio Macri redirigió al distrito porteño en 2016.
Previamente, el diputado Leopoldo Moreau, salió al cruce del diputado Juan Manuel López que acusó al Frente de Todos de espionaje sobre algunos funcionarios judiciales.
Por esa causa, la comisión tiene previsto citar a los gobernadores que firmaron el proyecto de juicio político -impulsado por el presidente Alberto Fernández-, al ministro de Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, y al procurador del Tesoro, Carlos Zannini, para brindar precisiones sobre el litigio entre la Nación y la ciudad de Buenos Aires.
Por otro lado, la comisión aprobó el pedido de información a la AFIP sobre la empresa MoRo Media SRL, una firma creada por Silvio Robles, asesor y mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y que ahora está en manos de su hermano, como parte de las pruebas que está solicitando el organismo parlamentario que estudia la conducta de los miembros del máximo tribunal.
La decisión fue aprobada con el voto favorable del Frente de Todos y el rechazo de Juntos por el Cambio, quien cuestionó la potestad de la comisión para pedir el levantamiento del secreto fiscal a la AFIP y reclamó que esa medida se canalice a través de un juez.
Tailhade, pidió además la citación de la jueza Martina Isabel Forns y de María José Castillo, abogada de la agrupación HIJOS de Jujuy.
El legislador oficialista justificó el pedido de esa prueba debido a que “una de las hipótesis de investigaciones que llevamos adelante es el tráfico de sentencias en la Corte, en el fallo del 2×1, en el de la mal llamada coparticipación y del Consejo de la Magistratura, y en todos los casos aparece Silvio Robles, socio y creador de esta sociedad de la que luego se apartó para poner a su hermano”.
En la misma línea sostuvo: “Necesitamos saber si a través de esa sociedad se han canalizado movimientos de dinero que tengan que ver con este tráfico”, y agregó que ya en marzo se habían pedido informes a la Inspección General de Justicia y la AFIP y ahora se pide nueva información sobre esta sociedad conformado por Robles y Monayer, quien también es secretaria de Rosatti.
Tailhade informó que se solicita información “de todos los pagos realizados a la AFIP por cualquier concepto (impuesto a las ganancias, cargas sociales, ganancia mínima presunta, sobre los bienes personales, IVA, anticipos, monotributo, autónomos, etc.); especificando en cada caso fecha de pago, importe y concepto e impuesto cancelado”.
También fundamentó que en su pedido se solicita “las declaraciones juradas, todos los pagos realizados a la AFIP, todo tipo de información sobre operaciones, plazos fijos, participaciones societarias, cuentas bancarias, depósitos, embarcaciones y un departamento en Miami (Estados Unidos)”.
Tailhade además detalló que se busca saber “qué otras personas componen el paquete accionario o resultan directivos, en qué fecha se inscribió dicha sociedad, cuál es su domicilio, actividad declarada y remita copia de las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias y la ganancia mínima presunta que presentó cada persona jurídica en los últimos cinco años (que incluya todos los formularios que las componen con el desagregado de cada rubro, ítem e importe declarado)”.
La solicitud del legislador oficialista generó un debate en la comisión ya que los legisladores opositores Juan Manuel López y Paula Olivetto señalaron que ese pedido debía canalizarse a través de un juez.
En ese sentido, Olivetto afirmó que “el secreto fiscal o el secreto bancario está tutelado” y advirtió que “si esta comisión eleva una nota a la AFIP para levantar el secreto fiscal estamos dejando un antecedente peligroso para adelante, con lo cual más prolijo es pedirlo mediante un juez que garantice el debido proceso”.
Desde el oficialismo, la presidenta de la comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, indicó que hay una disposición de la AFIP del 2009 donde se establecen una serie de excepciones sobre los pedidos de para el levantamiento de secreto fiscal y donde se “faculta a la presidencia de esta Cámara de Diputados a requerir este levantamiento”.
Detalló que también requirió la opinión de la Dirección de Asuntos Jurídicos donde se le respondió que “la comisión tiene facultades para requerir esa documentación”.
