Aldo Battisacco – Conclusión Buenos Aires
Con críticas del oficialismo y de ciertos sectores empresarios, la comisión de Comercio de la Cámara de Diputados, presidida por la diputada radical Gabriela Lena, se reunió este martes con representantes de Cámaras y Pequeñas y Medianas Empresas (pymes) para analizar cómo impacta en su actividad la registración de empleados y los juicios laborales.
Desde el Frente de Todos y algunos organismos empresarios aseguraron que este no es un tema que deba tratarse en la comisión de Comercio, sino en la de Legislación del Trabajo, y destacaron la necesidad de atender a cuestiones como la inflación o la concentración empresarial para ayudar a la actividad de las pequeñas y medianas empresas.
Además de los legisladores, en la reunión también estuvieron presentes representantes de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Asociación de Citricultores de Chajarí (Entre Ríos) y la Federación Económica de Corrientes, entre otros organismos.
En diálogo con Conclusión, el presidente de la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), Leonardo Bilanski, repasó: “Fuimos convocados por la comisión de Comercio para hablar de litigiosidad y juicios laborales, un tema que claramente pertenece a otra comisión legislativa”.
En relación a la realidad que la actividad vive actualmente, el dirigente empresarial destacó: “La verdad es que durante todo el 2022 los comercios, los servicios y las empresas, que representan el 66% del total, han tenido buenas ventas, en el caso de los servicios un 52% de las ventas fueron buenas o muy buenas. La cuestión de litigiosidad afecta a una de cada diez empresas, pero eso no es hoy un tema relevante, como sí lo son, para esta comisión, la inflación o los monopolios”.
Y agregó: “Hay que tratar este tema en el Congreso porque los dueños de la inflación están marcando la agenda económica del país. El ministro de Economía, Sergio Massa, está tratando de contener la inflación, pero las empresas que podrían colaborar se resisten a hacerlo, por lo tanto, estamos entrando en el 2023 con una inflación alta, que termina agrediendo el bolsillo de los trabajadores y de las pymes. Entendemos que en esta comisión se tiene que trabajar sobre los monopolios y la extranjerización de la base empresarial argentina, temas que parecen que pasan por alto algunos diputados”.
“La discusión en el mundo es por el trabajo, quién agrega valor a las materias primas, todos los países están en esa disputa. Argentina tiene que crear valor agregado, puestos de trabajo de calidad y pymes. Las pymes necesitamos que la política comprenda nuestra agenda, necesitamos un Ministerio Pyme o un instituto que exprese nuestra voz”, concluyó Bilanski.
Por su parte, la diputada de la Coalición Cívica por la provincia de Buenos Aires, Mónica Frade, habló con Conclusión y sostuvo: “El tema del trabajo y la producción está pendiente y debería estar primero en la agenda. Lo que estamos haciendo es comenzar a escuchar porque tenemos una discusión por delante. Es un tema muy complejo y se cruzan muchas cosas de por medio que tienen que ver con los intereses ideológicos, sectoriales, porque no es lo mismo el interés de los empresarios que de los trabajadores, pero el desafío de los legisladores es entender el avance tecnológico y no desvirtuar lo que es una relación desigual entre trabajadores y empresarios, pero sí con un especial énfasis en la atención a las pymes, que son el gran generador de trabajo”.
“Si no hay una reforma impositiva podemos modificar toda la legislación de trabajo, pero no vamos a resolver el fondo de la cuestión que es el costo laboral, que es lo que muchas veces a la pyme le produce tanta dificultad para tener a los empleados como corresponde”, cerró la legisladora.
Discrepancias ente oficialismo y oposición
En su intervención, el diputado del bloque Republicanos Unidos –que está dentro de Juntos por el Cambio– Ricardo López Murphy opinó que en Argentina existe una “legislación laboral muy agresiva”, que demuestra “una incapacidad de adaptarse al cambio tecnológico en los marcos regulatorios”.
“Ese problema repercute en que muchos de los innovadores buscan otros horizontes. Hay sectores de la Argentina que se han destacado por ese vigor, pero en general hemos tenido una actitud de frustración y rechazo a lo largo de muchos años. Hace 50 años que crecemos cerca del 0,1% anual, es muy poco. El déficit de empresarialidad a mí me alarma, porque cuanto más crece la sociedad civil, más alternativas y tamaño tiene el mercado interno”, agregó el diputado.
En relación a su trabajo legislativo en la materia, López Murphy manifestó: “Hace un año presenté un proyecto de ley de empleo en donde no tocamos ni la Ley de Contrato de Trabajo, ni la Ley de Obras Sociales, ni la Ley de Convenciones Colectivas, ni la de Asociaciones Profesionales. Sin embargo, creo que de adaptarse esa legislación tendríamos una revolución en materia de empleo, porque ese proyecto afecta a los múltiples recargos que generó la explosión de la litigiosidad”.
Tras la reunión de la comisión, López Murphy dijo a Conclusión que la política económica del país atraviesa “una situación muy delicada en materia de reserva, de deuda pública de riesgo y además una crisis de confianza”.
La diputada de Santa Fe, Germana Figueroa Casas subrayó acerca de la existencia de un alto grado de informalidad laboral y explicó que hay «gente que no puede, no quiere o no saben como» que indica que algo «pasa en Argentina para que haya tanta gente fuera del sistema, esto no solo afecta a esas personas sino también a la previsión social».
En el mismo sentido relacionó este tema como la moratoria previsional, al decir que «hay que reconocer» que hay «mucha gente que queda fuera del sistema que no tiene los aportes correspondientes y esto pesa finalmente, de acuerdo a la solución que se de, pero hay que buscar una solución de fondo».
A su turno, el presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, el santafesino Germán Martínez, criticó que el debate se esté dando en la comisión de Comercio y no en la de Legislación del Trabajo. “Los temas vinculados a la salud laboral –expresó– que muchas veces terminan en condiciones de litigio, se trataron en la comisión de Legislación Laboral cuando tocamos el tema del comité mixto, con una experiencia que implementó el gobierno socialista de mi provincia, al cual no apoyé, durante el gobierno de Hermes Binner. Hicimos tres reuniones informativas, donde todas las entidades de trabajadores y empresarios participaron. Llegamos a un dictamen que no hemos podido, todavía, tratar en el recinto, pero nos permitió una mirada más integral”.
¿Qué opinan los empresarios?
El coordinador de Asuntos Laborales de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Esteban Mancuso, celebró que se “esté trabajando en un tema endémico como lo es el problema del empleo no registrado”, y aseguró que “la imprevisibilidad del marco legal implica el cierre de una persiana y una pyme”.
Juan Ángel Ciolli, representante Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN), advirtió: “Es un tema que tenemos que abordar en conjunto con los trabajadores porque afecta a pymes y a empleados. Más del 80% de los establecimientos tienen entre 0 y 9 trabajadores, un juicio puede provocar el cierre de una empresa. Planteamos y presentamos el informe 931 y el libro digital de sueldos que son herramientas muy importantes y deberían ser públicas. Puede ser un elemento fundamental para evitar los juicios”.
El asesor del Departamento de Legales de la CAME, Juan Pablo Diab, explicó: “El 95% de los juicios laborales están referenciados en tres leyes de empleo y no hay reclamo laboral que no conlleve estas normas, que la historia ha demostrado que no funcionó. Para las empresas es un incordio en gastos judiciales”.
“Hemos visto productores abandonar su producción por no poder solventar juicios laborales. La solución está en la política, no es lo mismo una pequeña que una gran empresa, tiene que haber normas distintas. Los costos de registración se tienen que solventar todos los meses y es una contradicción a la realidad del país que tenemos”, sostuvo el presidente de la Asociación de Citricultores de Chajarí, William Borgo.
Por su parte, el presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), Julián Moreno, opinó: “Tiene que quedar claro que los derechos de los trabajadores no tienen nada que ver con los problemas de las pymes. En los casos de crisis las multas deberían reducirse para que no sea un juicio laboral lo que destruya una unidad productiva”.
Asimismo, Jorge Gómez, presidente de la Federación Económica de Corrientes, advirtió: “No es lo mismo ser pyme en Buenos Aires que ser pyme en el norte, una región olvidada y poco federalizada, si se puede decir. Tenemos que tratar a todos con la misma vara”.
