Debaten en el Congreso por una regulación nacional de fitosanitarios ante el vacío legal existente
Legisladores de distintos bloques participaron de una jornada técnica para analizar el impacto de la coexistencia de normas provinciales, ordenanzas municipales y fallos judiciales, y coincidieron en la necesidad de avanzar hacia una ley nacional de presupuestos mínimos con reglas homogéneas.
Legisladores de distintas bancadas participaron de una jornada técnica cuyo propósito fue evaluar la aplicación de fitosanitarios y el modo en que se está regulando en el país. El encuentro tuvo como eje el “vacío legal” que genera hoy la superposición de criterios, el avance de la judicialización y la necesidad de generar una normativa de alcance nacional que garantice más previsibilidad a la producción agropecuaria.
La iniciativa reunió a especialistas y representantes del sector agroindustrial, en el marco de una agenda de trabajo impulsada por el Comité Ejecutivo Agrobioindustrial (CE ABI), con la finalidad de acercar criterios técnicos al Congreso y promover un debate con sustento científico.
Durante la jornada se analizó el escenario regulatorio vigente, marcado por la coexistencia de normas provinciales, ordenanzas municipales y fallos judiciales que suelen establecer requisitos distintos según la jurisdicción. Los participantes remarcaron que esa fragmentación impacta directamente en la planificación de productores y aplicadores, complica la adopción de nuevas tecnologías y, en paralelo, incrementa la cantidad de conflictos que terminan en tribunales.
El tema no es nuevo, el año pasado, el titular de la Comisión de Agricultura durante 2025, Atilio Benedetti (UCR), había expresado que “este proyecto de ley no es una novedad en esta Cámara de Diputados, ya que ha tenido otros intentos y viene a responder a una necesidad postergada que es encontrar una ley que establezca presupuestos mínimos de cuidado ambiental, de protección a la salud y de posibilitar la producción agropecuaria para vastas regiones del país”.
“La ley es necesaria porque alguien puede pensar, o decir con razón, que es potestad de los distritos, de las jurisdicciones, de las regiones y provincias legislar en esta materia, pero la realidad es que tenemos un país federal y que hay distintas realidades en las diferentes regiones del país y que hay algunos lugares donde sí se ha abordado el tema, pero otros están totalmente desamparados y descuidados”, analizó el entrerriano.
Este miércoles, referentes de la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (Red BPA) expusieron los ejes de un proyecto de ley de presupuestos mínimos. La propuesta contempla la definición de zonas sensibles y de amortiguamiento a partir de criterios técnico-científicos, la capacitación y profesionalización de los aplicadores, la delimitación de responsabilidades y el fortalecimiento de los controles con apoyo de nuevas tecnologías.
En algunas regiones las restricciones podrían afectar hasta un 40% del área de producción, con incidencia en actividades como ganadería, lechería y cultivos como maíz, trigo y papa
Desde el ámbito legislativo sostuvieron la necesidad de dar respuesta a las demandas sociales en materia ambiental y de salud, priorizando la trazabilidad, la formación de los operadores y la implementación de Buenas Prácticas Agropecuarias.
En síntesis, este miércoles se coincidió en avanzar hacia una ley nacional de presupuestos mínimos que unifique criterios, reduzca el nivel de judicialización y otorgue reglas más homogéneas para toda la actividad.