El Gobierno nacional anunció este martes el despido de 900 trabajadores del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Inafci) y la degradación de esta área a una Dirección dentro del organigrama estatal. Los empleados no habían tenido una notificación previa y se enteraron de la medida a través de los medios de comunicación. En diálogo con Conclusión, aseguraron que atraviesan un escenario de total incertidumbre y que esta política afectará directamente a los pequeños productores.
El anuncio fue realizado por el vocero presidencial Manuel Adorni, en el mediodía de este martes, y forma parte del plan de ajuste y achicamiento del Estado que la gestión de Javier Milei despliega a nivel nacional. «El Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena tenía 964 empleados. Se va a transformar en una dirección, en la que quedarán apenas 64, y así reduciremos 900 puestos de no-trabajo. Esto va a significar un ahorro de 9.000 millones de pesos. Era una fiesta de gasto público«, comunicó el funcionario en su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada.
La noticia llegó en ese momento a los trabajadores del Inafci, ya que no habían recibido notificación previa. «Recibimos la noticia a través de los medios de comunicación», contó Eliana Negrete, delegada de ATE en Buenos Aires y representante de la región centro (que comprende Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y el territorio bonaerense), en comunicación con este medio.
En el caso de Negrete, se enteró de su posible despido -ya que ninguno de los empleados sabe quiénes serían los 64 trabajadores que supuestamente seleccionarían para permanecer en el cargo- cuando estaba haciendo su trabajo: estaba dando un curso sobre manejo y mantenimiento de tractores.
«En ese momento recibimos la noticia. Fue muy violento, reducir el instituto de esta manera es igual a cerrarlo. Trabajamos a lo largo y ancho del país con productores familiares; pequeños productores, campesinos e indígenas, asistiendo, dando apoyo, para mejorar su producción y sus condiciones de vida. Esa es la política pública de nuestro Inafci», repasó.
Según relató Negrete, la concreción de este anuncio llega luego de meses de total incertidumbre y manoseo por parte de las autoridades, que nunca les pusieron un interlocutor que les permita conocer en detalle qué pasaría con sus puestos laborales y las tareas que desarrollan a diario. Incluso -afirmó la delegada de ATE- en los movimientos de «reorganización del Estado» que ejecutó el Gobierno, inicialmente trasladó el instituto de la Secretaría de Agricultura -dependiente de Economía- al Ministerio de Capital Humano que dirige Sandra Pettovello, bajo la órbita de la Secretaría de Niñez y Adolescencia.
«Eso claramente no tiene nada que ver con nuestro trabajo. Así que después retornó a Economía. Fue naufragando por diferentes lugares, pero nunca con una comunicación formal. Tuvimos que ir rastreando y siguiendo la situación entre compañeros de recursos humanos y administración. Tampoco habían nombrado un responsable, así que no teníamos interlocutor válido», lamentó.
Despidos desde la ignorancia
Los trabajadores no saben de qué manera el Gobierno elegiría a los 64 empleados que conservarían sus puestos en la nueva dirección mientras los otros 900 quedan en la calle; pero tampoco consideran que existan algún criterio que el Ejecutivo pueda aplicar y sea válido, ya que los anuncios del vocero presidencial evidenciaron un amplio desconocimiento en torno al funcionamiento territorial del Inafci.
«Estamos en una total incertidumbre, 64 trabajadores para toda la política pública que debe desarrollarse con el sector de los agricultores pequeños y familiares no es nada. Además, no hay ningún criterio de selección válido que puedan aplicar, dijeron que no trabajamos y que tenemos un montón de vehículos. Es realmente falso», aseveró Negrete.
Al efectuar el anuncio, Adorni enumeró una serie de datos que dejaban percibir el supuesto despilfarro de fondos públicos destinados al Inafci. En el listado, por ejemplo, dijo que el instituto cuenta con una flota de 204 vehículos y que el 85% del presupuesto total del área se va en pago de salarios.
«No hay nada de verdad en eso. Tengo compañeros que van a lugares muy recónditos y ponen sus autitos destartalados para poder llegar. Justamente, es un reclamo histórico que venimos haciendo. Para llegar al territorio y realmente conocer la problemática de los productores que viven esos parajes y comunidades, es necesario contar con un vehículo. Sería bárbaro tenerlos, pero no es así», desmintió la delegada de ATE.
Respecto al dato referido a los salarios, Negrete identificó una falacia en la forma de presentar la información. En realidad -marcó- hay un presupuesto muy acotado destinado a las otras funciones que desarrolla el Inafci, lo que hace que en términos porcentuales figure que mayoritariamente el presupuesto es destinado a la masa salarial, pero el problema no es lo que hay, sino lo que falta.
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En esa sintonía, los trabajadores invitan a los funcionarios del Ejecutivo nacional y a todo aquel que quiera relevar estas informaciones a arrimarse a los territorios donde los empleados del Inafci desarrollan sus tareas en articulación con los pequeños productores.
En las próximas jornadas habrá asambleas de trabajadores de todas las delegaciones del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena que funcionan en la totalidad de las provincias del país, donde analizarán el despliegue de un plan de lucha en unidad con otros sectores, a los fines de proteger los puestos laborales y las políticas desarrolladas a partir de ellos.
«Es un ataque a todo lo que es producción artesanal y pequeña producción, que es el alimento que consume gran parte de la Argentina. Hay cultivos y bienes de exportación y otros que son para consumo interno. Bueno, esta área trabaja con quienes generan esos bienes. Desmantelar este Instituto es un ataque a la producción primaria y a la soberanía alimentaria», concluyó Negrete.
