Tres diputados de Santa Fe presentaron hoy un recurso de amparo colectivo para solicitar a la Justicia Federal que declare la inconstitucionalidad del aumento de tarifa del servicio de gas, impulsado por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Energía y Minería.
Se trata de una iniciativa de los diputados provinciales del bloque Igualdad y Participación, Rubén Giustiniani y Silvia Ausburger, acompañados por el radical Fabián Palo Oliver, quienes se presentaron ante el Juzgado Federal número 2 de Santa Fe, a cargo de Francisco Miño.
Los legisladores consideran que el incremento viola el artículo 42 de la Constitución Nacional, que versa sobre el derecho económico de los ciudadanos.
Giustiniani cuestionó que no hubo previa información ni tampoco se llevó a cabo ninguna audiencia pública, por lo que planteó la revisión del cuadro tarifario que, en su opinión, debe «estar en orden con los aumentos salariales y la inflación».
En tanto, Palo Oliver contó que solicitaron «la abstención de efectuar cortes en el suministro de gas por falta de pago, que se permita el cobro de la factura excluyendo los montos de incremento que provienen de la normativa citada, se disponga un tope judicial al aumento del servicio público, y se solicite a ENARGAS la realización de audiencias públicas dentro del área de concesión del servicio de Litoral Gas».
«Ante el atropello frente a un servicio vital para los ciudadanos, creemos que esta presentación es un paso más para hacer oír nuestros reclamos», completó Palo Oliver, ex intendente de la ciudad de Santo Tomé.
En ese marco, el miércoles 22 a las 9 los legisladores ofrecerán una conferencia de prensa en el Centro de Estudios “Igualdad Argentina”, Santiago 1550, para explicar los alcances del amparo colectivo presentado hoy en Santa Fe en el Juzgado Federal Nº 2 contra el tarifazo de gas. Y que también incluye una presentación en los Tribunales Federales locales.
La presentación se da, asimismo, en el marco del Proyecto de Ley de Marco Regulatorio de los Servicios Públicos que ya tuvo aprobación en la Comisión de Derechos y Garantías y está en tratamiento en la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Cámara de Diputados.
