Con la firma de ocho diputados, el proyecto para que se derogue la nueva ley de ART (la norma de adhesión a la ley nacional 27348),  ingresó por sistema a la Legislatura y el próximo jueves 2 de junio entrará a sesión para recibir la adhesión de otros diputados, antes de que sea remitido a la comisión de Asuntos Laborales de la Cámara Baja.

Por lo pronto, la presentación cuenta con el acompañamiento de legisladores de distintos bloques que votaron en contra de la nueva ley de ART: Paola Bravo, Carlos Del Frade, Lucila De Ponti, Agustina Donnet, Rubén Giustiniani, Dámaris Pacchiotti y Fabián Palo Oliver.

 

“En su momento sostuvimos que nuestra provincia no debió adherir”, se pronunció Bruera y argumentó que, “ello violaba el derecho de acceso a la justicia ya que el trabajador debe pasar previamente y obligatoriamente por un organismo (Comisiones Médicas) integrado por médicos que tienen que decidir cuestiones de derecho, algo que ya fuera resuelto (en sentido contrario a lo establecido en esta ley) por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en numerosos fallos a partir de 2004”, agregó la diputada.

Asimismo, su iniciativa propone que el trámite ante las comisiones médicas “tendrá carácter voluntario u opcional para los trabajadores”, explicó la legisladora.

 

Para la diputada las comisiones médicas, “carecen de idoneidad para investigar los accidentes y enfermedades del trabajo, las condiciones y medio ambiente, y la relación entre éstos y las enfermedades. Solo están en condiciones para determinar enfermedades y grados de incapacidad”.

En tanto, Bruera recordó que al momento de la adhesión a la ley nacional “se violaban numerosos artículos de nuestra Constitución Nacional; de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, entre otros”.

En ese punto la diputada especificó que «las Comisiones Médicas son parte de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo e integrantes del Estado Nacional. La delegación de funciones jurisdiccionales en dichos organismos viola las autonomías provinciales (Arts. 5, 99, Inc. 2; 109 y 121 de la CN). En particular, su administración de justicia, como asimismo el acceso al juez natural de los trabajadores accidentados».

“El infortunio laboral es un daño producido en el marco de la relación capital-trabajo y se trata de un conflicto entre particulares. La ART también es una entidad de Derecho Privado, tal como lo reconoce la propia LRT. Es decir, no es un asunto federal y se trata de una materia no delegada, cuya jurisdicción compete a las provincias, con lo cual la adhesión de las mismas importa una grave violación a la forma republicana y federal de gobierno”, explicó Bruera para volver a solicitar la derogación a la ley nacional de ART.

Asimismo, para la legisladora santafesina: “A más de un año de la entrada en vigencia de la ley 14003, podemos verificar que muchas de las advertencias realizadas se han cumplido, tales como el rechazo sistemático por parte de las Comisiones Médicas de la mayoría de las enfermedades profesionales u originadas en el trabajo, las altas médicas antes de tiempo, la falta de cobertura de las reagravaciones, las deficientes prestaciones otorgadas a los trabajadores accidentados, entre otras, han hecho que el tiempo transcurrido ante las Comisiones Médicas es solo una dilación inútil que impide el acceso rápido y efectivo a la justicia”.

Bruera dijo: “En ningún caso ha permitido que el trabajador acceda más fácil y rápidamente a satisfacer su reclamo, como sostenían los impulsores de la ley cuya derogación se propugna. Por el contrario, todo se ha vuelto más gravoso para las y los trabajadores”.