Por Aldo Battisacco – Enviado especial a Buenos Aires – El especialista en Derecho internacional e historiador, Alejandro Olmos Gaona, dialogó con Conclusión y explicó que la responsabilidad de la deuda externa es compartida entre la oposición y el oficialismo, porque ambas fuerzas políticas lo establecieron al aprobar el Presupuesto, durante los años de gestión del presidente Mauricio Macri.
Para Olmos Gaona, el proceso de la deuda Argentina es ilegal y fraudulento, y representa la herramienta de condicionamiento y dependencia, que padece nuestro país.
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El especialista abordó el tema con notable fruición y precisión al referirse a la historia, las personas que intervinieron, los mecanismos que se articularon para aherrojar la independencia de las políticas nacionales y qué impacto produjo al interior de una sociedad que pagó ingentes sumas de dinero, que tuvo como con correlato el sacrificio y la postergación desde la constitución de la patria.
De los últimos cuarenta años como cuando Domingo Cavallo contrató al Citibank, al Deutsche Bank, al J.P. Morgan y al Credit Suisse para que nos digan “cuánto les debíamos”. O aún peor, cuando los auditores del Banco Central en la presidencia de Raúl Alfonsín y con Bernardo Grisnpun al frente del ministerio de Economía, «determinaron que se estaba frente a una deuda ficticia».
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Olmos Gaona navega sobre un cúmulo de cifras y fechas, muchas veces se bifurca en sus explicaciones, y con un lenguaje efectivo logra comunicar la gravedad casi eterna -de una maldición- que halla explicación en la defección de una dirigencia política, que instituida desde 1983 por el voto popular, actúa medrosa ante los dicterios del gran capital. Tanto es así que «este año el Banco Central -producto de la especulación- tendrá que pagar un billón de pesos de intereses».
El historiador aportó una mirada cáustica la referir que «al Congreso de la Nación nunca le interesó el tema de la deuda» y que distintas gestiones carecieron de los documentos que respaldaran el proceso de endeudamiento» Es decir, no se les exigía a los acreedores que ofrezcan los instrumentos en los que se pudiera constatar la legitimidad de los créditos”.
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Dice Alejandro Olmos, como país «tenemos que desmontar una estructura jurídica heredada de la dictadura militar que de alguna manera condiciona la acción de los gobiernos».
