El Gobierno nacional lleva adelante este martes la primera de las tres audiencias públicas sucesivas para la definición de los nuevos precios que estarán vigentes a partir del 1 de junio del gas natural a boca de pozo, del costo estacional de generación eléctrica y la segmentación de tarifas que le permita reducir el peso de los subsidios energéticos en las cuentas públicas.
Así, a partir de las 10 y a través de la plataforma Webex, se realiza la audiencia pública convocada por la Secretaría de Energía para discutir los nuevos precios del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), para la cual el orden del día conformado contempla la participación de 38 expositores, que dispondrán de 5 minutos cada uno.
De esta manera, se inicia el proceso de actualización tarifaria definido por el Poder Ejecutivo en el programa económico, que apunta a lograr «niveles de tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva» para los servicios públicos de gas y electricidad, tal como expresó la Secretaría de Energía en la convocatoria a las audiencias.
Ayer, el ministro de Economía, Martín Guzmán, consideró que las actualizaciones tarifarias de acuerdo a una segmentación de ingresos como propone el Gobierno nacional «le hacen bien al país» y cuestionó el nivel actual de los subsidios energéticos, equivalente a «3 o 4 puntos del Producto»
Mañana miércoles, por su parte, se tratarán los nuevos precios de referencia estacionales del Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST).
En tanto, el jueves se debatirá la implementación de la segmentación en el otorgamiento de los subsidios al precio de la energía por parte del Estado a los usuarios del servicio de gas natural y del servicio de energía eléctrica, para el bienio 2022-2023.
La primera de las audiencias tendrá por objeto el «tratamiento de los nuevos precios del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), aplicables a partir del 1° de junio de 2022», de acuerdo con lo estipulado en la resolución 237.
En la resolución 236 se convoca a la audiencia del 11 de mayo, en la que se pondrá a consideración el tratamiento de los nuevos valores del Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST), «aplicables a partir del 1° de junio de 2022».
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Como hecho novedoso, se destaca en las convocatorias que la segmentación de los incrementos tarifarios por la reducción de subsidios se considerará en una audiencia unificada para los servicios de gas natural y de energía eléctrica, respectivamente bajo las órbitas de los entes nacionales reguladores del Gas (Enargas) y de la Electricidad (ENRE).
En este caso, la convocatoria para la última de las tres audiencias, a celebrarse el 12 de mayo, se concretó mediante la resolución 235, que dispuso que el encuentro será para analizar el «tratamiento de la implementación de la segmentación en el otorgamiento de los subsidios al precio de la energía por parte del Estado Nacional a los usuarios de los servicios de gas natural y de energía eléctrica, para el bienio 2022-2023».
En cuanto a la distribución, el Enargas tiene un alcance nacional con nueve compañías supervisadas, en tanto al ENRE sólo le compete las empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires (Edenor y Edesur).
La totalidad de los beneficiarios de tarifa social de gas no serán alcanzados por un nuevo incremento durante este año, mientras que para los usuarios de electricidad del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) que tienen este beneficio, la nueva corrección no superará el 6% en promedio.
En tanto, el 10% de los usuarios residenciales de los servicios de gas y electricidad con mayor capacidad de pago, dejarán de recibir el beneficio del subsidio a la energía. De tal forma, para la mayoría de los usuarios residenciales de Edenor y Edesur -excluidos quienes son beneficiarios de tarifa social- las facturas de luz tendrían una corrección en promedio de 17%.
Por su lado, esa corrección promedio para la mayoría de los usuarios de gas del país se ubicará en 21,5%, con leves variaciones según las regiones.
La implementación de un esquema tarifario de servicios de gas y electricidad para el bienio 2022/2023 que, con «criterios de justicia y equidad distributiva», incluya la política de segmentación y no supere el nivel de los salarios forma parte del programa acordado por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Al respecto, el acuerdo con el organismo multilateral de crédito estableció que los beneficiarios de la tarifa social tendrán un incremento que no podrá superar el 40% del aumento del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) de 2021, que fue del 53,4%.
En consecuencia, los sectores más vulnerables de la población tendrán un ajuste no superior al 21,36%.
Asimismo, se dispuso que el 10% de los usuarios de mayor poder adquisitivo tengan tarifa plena, es decir sin subsidios, mientras que la franja poblacional ubicada entre los dos extremos tendrá un aumento equivalente al 80% del CVS del año pasado, es decir no más del 42,72%.
