El escenario post elecciones primarias dejó un tendal de reacomodamientos en distintos estamentos políticos e instintucionales, incluso del ámbito privado, probablemente por la contundencia de la victoria del Frente de Todos que deja al peronismo nuevamente a las puertas del poder.

Una de las entidades que acusó internamente recibo de la reconfiguración que pueda implicar el cambio de rumbo económico es la Federación Agraria (FAA), que el próximo 26 y 27 de septiembre elegirá autoridades, cuando se reúna en asamblea en Rosario, ante lo cual un conjunto de productores «no alineados» con la actual conducción ya anticipan una «contra cumbre» en la previa.

El grupo disidente, que se denomina «Las bases federadas», convocó a una «contra-asamblea» para próximo miércoles, es decir un día antes del Congreso anual de FAA, donde elaborarán una serie de propuestas para presentar al próximo gobierno.

«Nos convocamos para debatir los problemas de los pequeños y medianos productores ante el silencio público de la actual conducción frente a la crisis de las cooperativas, las mutuales y las economías regionales», fue el argumento para la convocatoria desde «Las bases».

La escisión hacia adentro de la FAA se da en medio de un clima electoral cada vez más tenso por al cercanía de las elecciones generales que, a priori, tiene como favoritos a nivel nacional a Alberto Fernández, y en la provincia de Buenos Aires, clave para el agro, a Axel Kicillof como gobernador y a Sergio Massa como principal candidato a diputado nacional.

Según trascendió, estos dos últimos mantuvieron un encuentro en las últimas semanas con dirigentes de la FAA, lo que motivó el enojo de otros ruralistas como Alfredo de Ángeli, que milita en las filas del Pro.

El grupo disidente de la Federación tiene en la mira principalmente al actual presidente de FAA, Carlos Achetoni; al vicepresidente primero, Elvio Guia; al secretario gremial, Orlando Marino; y otros directivos oficialistas como Miguel Pérez, Eliseo Rovetto y Erik Muñoz.

Las críticas se centran en la relación con el Gobierno, al que aseguran que responden, en detrimento de productores y la actividad en general, golpeada como casi todo el arco productivo del país ante el advenimiento de una nueva crisis económica de proporciones, cuya prolongada duración ensombrece el futuro económico.

Los cuestionamientos no merman allí sino que también abarcan supuestos «desmanejos» respecto a las finanzas de la entidad agraria.